El Departamento de Policía de la provincia Monte Plata, realizó un operativo de incautación de altos parlantes en el municipio de Sabana Grande de Boyá, por violación a la ley de contaminación acústica.
Desde tempranas horas, la Coronel Rosa Elvira Lozada Vega, comandante de dicha demarcación, explicó que el ejercicio se realiza tras varias denuncias interpuestas por comunitarios de diversas zonas de la provincia.
Esta recordó que en República Dominicana existen legislaciones que regulan la contaminación acústica, como la Ley núm. 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales cuyo artículo 114 dispone que: “el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los ayuntamientos municipales y la policía municipal, regulará la emisión de ruidos y sonidos molestos o dañinos al medio ambiente y la salud, en el aire y en las zonas residenciales de las áreas urbanas y rurales, así como el uso fijo o ambulatorio de altoparlantes”.
Añadió más cuando dijo que posterior a esa ley fue aprobada la Ley 287-04, sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora, que regula las prohibiciones, sanciones, control y excepciones a la emisión de ruidos nocivos y molestos.
También la mujer policía de carrera, añadió que el artículo 10 establece que: “Quedan encargados del cumplimiento de dicha ley, el Ministerio de de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Policía Nacional y la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).
Seguro con toda claridad que el Tribunal Constitucional mediante su Sentencia TC/0308/18, afirmó que: “(…)la producción de contaminación sónica es un delito previsto y sancionado en las leyes siguientes: la Ley núm. 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Ley núm. 287-04, sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora y la Ley núm. 42-01, General de Salud”.
Según la Jurisprudencia, la contaminación sónica debe pagarse con cárcel y multas
En el 2010 se emitió la primera condena local por contaminación sónica, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal y consistente en seis días de prisión en la cárcel de Najayo y el pago de cien salarios mínimos a los propietarios del establecimiento. En el 2015, cinco años después, el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo sentenció a tres años de prisión a los dueños de un taller de carrocería y pintura que operaba a cielo abierto en la vía pública, primera condena por contaminación atmosférica, y segunda por contaminación acústica.
Lozada anunció que se ampliarán los esfuerzos de la PN para reducir a cero la contaminación sónica en esta jurisdicción.
