Luego de que saliera a la luz, a través de un reportaje del programa Nuria Investigación Periodística, el caso de Mildred Alexandra Rivas Felizola, una venezolana residente en el país, que fue apresada por intento de homicidio contra su entonces pareja, Orlando Ramírez, un conocido empresario de San Pedro de Macorís, la justicia dominicana reconoció que le fueron violentados sus derechos.
Tras casi dos años de prisión, siete meses de lucha y más de 14 reenvíos en el tribunal, Rivas Felizola recupera su libertad aunque estará bajo presentación periódica, impedimento de salida y deberá entregar una garantía económica.
Al momento de la detención de Mildred Rivas, hubo indicios suficientes de que era víctima de violencia de género y que el hecho fue cometido en defensa propia, razón por la que el Ministerio de la Mujer y la Defensoría Pública se unieron a la barra de la defensa la detenida.
El 28 de julio de 2021, Orlando Ramírez, quien además de empresario es militar, fue acusado de violencia intrafamiliar y trata de personas agravada, imputación por la que le fue dictada tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
Sin embargo, de acuerdo a datos ofrecidos por Wellington Salcedo, abogado de Mildred Alexandra Rivas, la resolución no ha sido ejecutada y Ramírez permanece en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, gozando de ciertos privilegios.
La joven de nacionalidad venezolana llegó al país en junio de 2017, en busca de propuestas de trabajo que el empresario le ofreció, planes que se convirtieron en una relación sentimental entre ambos.
Sin embargo, Rivas indica que al mes de relación, Ramírez no le permitía salir ni hablar con nadie, la mantenía vigilada mediante cámaras, encerrada en su apartamento con candados e incluso le prohibió gestionar su residencia en el país bajo amenazas.
Además, Mildred que trabajaba en una cafetería de su propiedad, debía depositar cada noche a una cuenta del agresor, todas las ganancias obtenidas, debido a que este no le permitía manejar el dinero.
El Ministerio Público pudo establecer también, que el empresario abusaba sexualmente de ella al obligarla a mantener prácticas sexuales no consentidas e intentar forzarla a involucrar más personas en el acto.
Según relata Mildred, el círculo de amigos de su ex pareja estaba rodeado o vinculado a una gran cantidad de mujeres venezolanas, que fueron traídas a República Dominicana en las mismas condiciones que ella.
De comprobarse todos estos hechos, el caso se agravaría para el empresario debido a que las leyes dominicanas sancionan la trata de personas con una pena de 15 a 20 años de reclusión.
Ya la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas ha sido apoderada por la Procuraduría General de la República sobre este caso y el próximo miércoles 2 de febrero, habrá revisión de la medida de coerción a Ramírez.
En cuanto a Mildred Rivas, el proceso legal como víctima, se encuentra en la etapa intermedia, mientras que el empresario ha intentado de revictimarse con una serie de acusaciones de supuesto chantaje por parte de ella.
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