El Ministerio Público logró que un tribunal del Distrito Nacional les confirmara la prisión preventiva a tres generales de distintos órganos castrenses acusados por corrupción administrativa en el Caso Coral 5G.
“En el día de hoy el tribunal ha mantenido la medida de coerción a la mayoría de los imputados, salvo excepciones, incluso en una de esas excepciones el Ministerio Público estuvo de acuerdo con la variación de la medida por el comportamiento del imputado en este proceso”, destacó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“En sentido general, el tribunal acogiendo los planteamientos realizados por el Ministerio Público, entendiendo y así lo motivó en la gravedad de los hechos que se imputan, la pena imponible en caso de condena y el gran daño que hay que resarcir al pueblo dominicano con la gran cantidad de dinero que se sustrajo del erario, ha mantenido las medidas de coerción de este proceso en sentido general”, apuntó.
Resaltó que esta revisión de medida de coerción se ha conocido con relación a doce personas y dijo que el tribunal ha acogido el pedimento del Ministerio Público con relación a diez de esas doce personas, “y en consecuencia el tribunal ha valorado correctamente lo planteado por el Ministerio Público y ha decidido en esa dirección”.
El titular de la Pepca dijo que los pasos a seguir lo determinarán el desarrollo de los acontecimientos de este proceso, tras responder preguntas de varios periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal.
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva que cumplen por 18 meses los generales Boanerges Reyes Batista (ARD), Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y a Julio Camilo De los Santos Viola (FARD).
También, la prisión preventiva impuesta al capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y a José Manuel Rosario Pirón.
En tanto que la prisión domiciliaria les fue ratificada a Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez y a Jehohanan Lucía Rodríguez.
En el caso de Yehudy Blandesmil Guzmán, decidió variar la prisión preventiva a domiciliaria e impedimento de salida del país.
Asimismo, respecto a César Ramos Ovalles y a Esmeralda Ortega Polanco, dispuso la variación de domiciliaria a impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica de un millón de pesos.
El magistrado Mejía adoptó la decisión durante la revisión obligatoria de la medida de coerción. La próxima revisión obligatoria fue fijada para el 14 de junio del año 2022.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 16 de mayo.
En la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas de coerción, además del procurador adjunto Wilson Camacho, representaron al Ministerio Público Mirna Ortiz, Jonathan Pérez y María Melenciano.
Los imputados cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Durante el desarrollo de las investigaciones contra los integrantes del entramado de corrupción, el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y otros elementos probatorios.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.
El Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra los involucrados en el caso.
A los oficiales de cuerpos castrenses se les ha ocupado durante las investigaciones unas 125 propiedades.
