El fallecimiento del expresidente peruano Alan García este miércoles avivó en Bolivia la polémica sobre Odebrecht entre oficialismo y oposición, que se culpan mutuamente de las ramificaciones del caso en el país.
García falleció en un hospital de Lima tras dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido en su domicilio por su presunta implicación en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
Tanto oficialistas como opositores bolivianos lamentaron el fallecimiento del exmandatario del país vecino, a la vez que se enzarzaron en un cruce de acusaciones sobre este caso en Bolivia.
La diputada del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) Susana Rivero, que presidió una comisión parlamentaria que investigó el caso, denunció ante los medios que en Bolivia hay una exautoridad que “anda diciendo que es perseguido” políticamente, “cuando él era parte del esquema”.
Rivero no citó expresamente a quién se refería de los ocho miembros de gobiernos de Bolivia en la década de 2000 directamente denunciados o considerados como poco sospechosos en un informe que esa comisión entregó a la Fiscalía, sobre los casos Odebrecht y Lava Jato.
La parlamentaria se preguntó “cuántas obras públicas han podido construirse con la plata que se robaba” en el país, donde “todo lo decidían por decreto, forzaban las normas a la carrera, todo lo acomodaban a pedido de esas empresas brasileñas”.
El oficialismo denunció durante la investigación parlamentaria sobreprecios millonarios en obras adjudicadas a las brasileñas Odebrecht y Camargo Correa por el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), con movimientos “sospechosos” en sus cuentas bancarias y coincidencias en viajes con supuestos involucrados en estos casos.
Mesa por su parte reclamó sin éxito que el Parlamento, donde el MAS tiene mayoría, investigara también al actual gobierno de Evo Morales, preguntándose si “acaso no se pagaron sobornos de Camargo durante su gestión”.
Por su parte, la diputada Shirley Franco, de la opositora Unidad Demócrata, manifestó a los medios que lo ocurrido con García “deja claramente establecido que el caso en la región latinoamericana no ha concluido”.
Franco criticó que, en cambio, en Bolivia el MAS decidió “rápidamente, de manera muy sospechosa, concluir esta investigación”.
La diputada subrayó que una comisión paralela de la oposición continuará la investigación, en la que espera reunirse este mes con autoridades de Brasil.
“No cabe la menor duda de que es un hecho que involucra a expresidentes ligados con el populismo del siglo XXI”, advirtió, para citar a exmandatarios como el ecuatoriano Rafael Correa, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la argentina Cristina Fernández.
La opositora señaló que “seguramente actuales gobernantes van a estar comprometidos en el informe que se va a emitir” desde la oposición.
Un juzgado anticorrupción de Bolivia ordenó el pasado febrero el encarcelamiento de dos procesados en el país en estos casos, después de que la Asamblea Legislativa boliviana remitiera a la Fiscalía un informe de presuntas irregularidades como sobornos y sobreprecios en adjudicaciones de obras de anteriores Gobiernos.
