Tras ataques a ciudadanos indefensos por parte de agentes policiales, el presidente Luis Abinader se ha visto en el “aprieto” de imponer medidas con la intención de prevenir excesos y crímenes policiales, las cuales no necesariamente llegan a cumplirse.
Es asegunda ocasión en menos de siete meses, que el Gobierno de Abinader anuncia la implementación de colocación de cámaras en destacamentos y patrullas policiales, motivado por el asesinato de inocentes.
El 21 de octubre del 2021, el mandatario anunció la colocación de cámaras de cuerpo (bodycam) en los chalecos de los agentes que patrullan las calles, de manera que todo su accionar quede grabado.
Esta disposición estuvo motivada tras el asesinato, a manos de policías, de la arquitecta Leslie Rosado, hecho ocurrido en Boca Chica y anteriormente el crimen de la pareja de pastores Eliza Muñoz y Joel Díaz, en Villa Altagracia.
Ayer, el Gobierno volvió a anunciar, en las voces del Comisionado para la Reforma Policial, José Vila del Castillo y el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez: la ejecución inmediata de instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911.
También la instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas.
MEDIDAS ANTE CRISIS MEDIÁTICA. La crisis mediática que se han producido por violencia excesiva de agentes policiales ha llevado a Abinader a tomar medidas urgentes.
En noviembre del pasado año y tras el asesinato de la arquitecta Rosado y la pareja de pastores, las autoridades anunciaron:
La designación de una comisión para la transformación y modernización de la uniformada, el anuncio de asignación de fondos para la compra de la combinación de chalecos y cámaras de cuerpo (bodycam), de manera que quede grabado todo el accionar de los miembros.
También la utilización mediante el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 de sistemas de alta tecnología que permitirían detectar actos delincuenciales en las calles de todo el país.
En esa ocasión, Abinader instruyó al ministro de Interior y Policía para el régimen disciplinario policial, uso de la fuerza en la PN, evaluación del desempeño de los miembros de la entidad, el de ceremonias y honras fúnebres.
También dispuso la contratación de una firma internacional supervisada por una comisión para la evaluación del desempeño de todos los miembros de la institución con la cooperación de Colombia y España que determinaría cuáles policías sirven para la tarea de proteger la vida y bienes de los ciudadanos.
MEDIDAS POR CASOLESLIE. El pasado 3 de octubre de 2021 con la muerte de la reconocida arquitecta, Leslie Rosado, Abinader calificó como intolerable y como un acto de “salvajismo” lo sucedido.
Abinader volvió a hacer hincapié en la transformación policial, resaltando que se debía empezar por hacerles evaluaciones a los uniformados y que los culpables serían sancionados.
“No puede ser una reforma como se ha hecho antes, con unos parchitos, es una transformación que tiene que haber, empezando por cada uno de los policías, por hacerles las evaluaciones”, manifestó el jefe de Estado.
MEDIDAS EN PASTORES EVANGÉLICOS. En tanto que en el caso del pasado 30 de marzo de 2021 con la muerte de los pastores evangélicos Elisa Muñoz y Joel Díaz, en manos de agentes del orden, el mandatario fue enfático en reiterar que no iba a tolerar que nadie esté por encima de la ley y procedió a ordenar la cancelación y sometimiento de los agentes, así como también a prestar ayuda a los familiares de los afectados.
NUEVAS MEDIDAS. La policía vuelve a tropezar con la misma piedra y tras la oleada de críticas desatada por las muertes recientes de Richard Báez, José Gregorio Custodio y David de los Santos, las autoridades anuncian14 nuevas medidas. Estas son:
- La ejecución inmediata de instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911.
- Instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas.
- Implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia.
- La creación de un centro nacional de control de tránsito y revisión y mejora de la inspectoría de tráfico.
- La instalación de cámaras en todos los destacamentos.
- La instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía.
- Colocar bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de garantizar la investigación pronta y rigurosa de los casos que se den.
- Mejora de los sistemas y procesos de la Inspectoría General, dotándola de mayores capacidades de control e instrucción de casos.
- Acelerar la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por los altos cargos de la PN.
- Implementación de guías obligatorias de actuación, basada en la responsabilidad descentralizada.
- Implantación de medidas urgentes de formación complementaria a todos los agentes en tres áreas, como mínimo:
- Gestión de crisis.
- Derechos Humanos.
- Actuación policial y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad.
- Ratificar, previo acuerdo parlamentario, e implementar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional; y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en la materia. Para ello, en los próximos días, solicitaremos el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, e iniciaremos con él los trabajos.
- Coordinar con el Ministerio de Salud un programa especial para evaluar las condiciones de salud de los apresados temporales.
- Reorganizar el departamento de comunicaciones de la PN, en coordinación con el gabinete de Presidencia correspondiente, e implementar nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones informativas.
