La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicita a la Justicia ordenar la incautación de todas las cuentas bancarias, dinero en efectivo retenido y los bienes adquiridos a través de las actividades fraudulentas contra el Estado, realizadas por los implicados en los casos de corrupción Coral y Coral 5G.
El Ministerio Público calcula en cuatro mil 500 millones de pesos, los bienes e inversiones hechas por los acusados y que sustenta en el expediente acusatorio presentado contra el mayor general Adán Cáceres y otros 47 encartados, entre personas físicas y jurídicas.
Conforme a la Pepca, se trata de apartamentos, vehículos de alta gama, residencias, objetos de lujos, sociedades comerciales y otros bienes en detrimento de las instituciones que dirigieron o para las que trabajaron.
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La Pepca persigue que sede curso al decomiso de todos estos bienes, a partir de las pruebas materiales aportados en la acusación y una vez retenida la responsabilidad penal de los acusados en juicio de fondo.
El pedido es que se ordene el decomiso de todos los bienes a favor del Estado dominicano.
“Es decir, de los bienes muebles e inmuebles incautados, dinero ocupado en efectivo y cheques, cuentas bancarias, certificados financieros, bienes identificados no secuestros, pero señalados en el presente escrito como producto de hechos de corrupción y lavado de activos; así como también de los intereses y beneficios generados producto de la administración de los bienes incautados, y de los productos financieros inmovilizados”, indica el expediente.
Los bienes adquiridos por los acusados en el caso Coral y Coral 5G superan los cuatro mil mil 500 millones de pesos.
En el expediente de tres mil 268 páginas, la Pepca ofrece detalles sobre retenciones de cuentas, ubicación de bienes muebles e inmuebles logrados a raíz de las maniobras de corrupción, por cada uno de los integrantes de la red.
“Esta cifra permite tener una idea del impacto de esta estructura criminal en el presupuesto de las instituciones afectadas, en la vida de los destinatarios y de los programas a los que estaba destinado este dinero”, cita el órgano acusador india el expediente.
Entre los bienes más costosos adquiridos por algunos de los imputados figura un inmueble de 1053.26 metros cuadrados ubicado en Colinas de Oeste, valorado en 911,350 dólares, un inmueble valorado en 6 millones 754,358 una granja de pollos tasada en 36 millones 612 mil pesos y un terreno unificado en Jarabacoa, provincia La Vega con un valor de 11 millones 628 mil pesos.
Indica que los imputados incurrieron en asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, desfalco, violación a la ley de declaración jurada, lavado de activos.
