El tema haitiano vuelve a estar en la agenda nacional. En esta ocasión, a raíz del incidente ocurrido hace poco más de una semana en Ciudad Juan Bosch, donde se produjo un enfrentamiento entre agentes de Migración y haitianos.
Esto ha generado numerosas reacciones. Mientras unos califican estas medidas de abusivas, otros hablan de una ocupación haitiana y piden a las autoridades dominicanas aplicar mano dura.
Pero el asunto va más allá de un simple altercado, pues constituye otra muestra de cómo se ha normalizado la contratación de mano de obra ilegal.
Según reveló el exdirector general de Migración (2011-2015), José Ricardo Taveras, este evento no es nuevo ya que previamente habían ocurrido otras muestras de desafío al Estado por parte de inmigrantes.
“Incluso bajo mi gestión de trabajo hubo conatos. Pero ¿qué pasa? Siempre fueron reducidos al orden. En general, es la primera vez que la República Dominicana se puede graficar, documentar periodísticamente un nivel de insubordinación”, sostuvo.
Durante el programa de Nuria Investigación Periodística, se detalló los dos grupos de nacionales haitianos en la Ciudad Juan Bosch. El primero corresponde a los no residentes, que viven en zonas aledañas, y que laboran para las compañías constructoras.
El segundo grupo, según indicó Methelus Estime, de la Asociación Haitianos Residentes Ciudad Juan Bosch, el segundo grupo está compuesto por aproximadamente 150 haitianos que sí residen en el proyecto.
¿Cuáles han sido las versiones tras el incidente?
Los residentes en el proyecto alegan que ellos no fueron quienes recibieron a pedradas a los agentes de migración y que el incidente no ocurrió en edificios habitados sino en la construcción del proyecto El Sembrador II y III dentro de la misma Ciudad Juan Bosch.
En torno al hecho, hay otras versiones, que aún no han sido confirmadas.
Una establece que fueron residentes dominicanos de la misma comunidad que alarmaron a Migración ante el gran número de haitianos residentes en la zona.
Una segunda versión indica que mientras los inmigrantes trabajaban en la construcción, hubo un intercambio con un ingeniero y este llamó a la Dirección General de Migración.
Tras estas versiones, El exdirector de migración resaltó que la autoridad dominicana no puede descartar ese evento y debe someterlo a investigación.
Durante la investigación, se conversó con un trabajador de la obra donde ocurrió el incidente, quien nació en territorio dominicano pero sus padres son haitianos.
Fue detenido por 48 horas, depurado y posteriormente liberado. Prefirió mantener oculta su identidad para contarnos lo ocurrido y no mencionó el supuesto altercado con un ingeniero como la causa del incidente.
El trabajador de la obra narró que las autoridades se lanzaron alrededor de las 06:30 de la mañana.
“Sabe que yo soy de San Pedro y duermo en la obra para economizar lo poco que me gano, porque no me da el pasaje. Duermo ahí y ellos se tiraron. Eso fue a pata, sacando gente de mala manera, pero lo que provocó en verdad provocó. Cuando se tiran vela, se tiran, par de obrero que estaban ilegal, le tiraron piedras a ellos”, reveló el nacional haitiano.
Dijo que la obra está semiparalizada debido a que solo tres albañiles están trabajando. Además, sostuvo que los demás tienen miedo y por lo pronto no quieren reintegrarse.
Indicó que solo de la Constructora Bisonó, para la que trabaja, apresaron a decenas de personas, sin contar los de los demás desarrolladores inmobiliarios.
Lo que dicen figuras públicas
Por su parte, dirigentes políticos y exfuncionarios dominicanos advierten que el incidente demuestra que hay una crisis de autoridad en República Dominicana.
José Ricardo Taveras exteriorizó que el hecho “obviamente denota que la crisis de autoridad ya es del conocimiento de la comunidad haitiana. Y que esta está en disposición de replicar su cultura de insubordinación al orden a la ley en la República Dominicana”.
El abogado y dirigente político, Pelegrín Castillo, reveló que la autoridad de cara al país y de cara al mundo queda en una posición muy deslucida, una posición inaceptable.
Además de la desafiante actitud de los trabajadores, este hecho es una muestra de cómo se ha normalizado la contratación de mano de obra extranjera con status irregular en el país, en franca violación al Código de Trabajo que establece la cuota 80/20 que deben aplicar los empresarios, empleando al 80 por ciento de los dominicanos y 20 % a extranjeros.
Un 29 % de los trabajadores de la construcción en República Dominicana son haitianos, según un estudio publicado el año pasado por el Instituto Nacional de Migración y la Organización Mundial para las Migraciones, aunque otros aseguran que el porcentaje es muchísimo más alto.
“La industria de la construcción es muy muy dúctil para el establecimiento de cantidades, pero sí de porcentajes. Sí se ha establecido que en la construcción un 90 %, 85 a 90 % de los trabajadores son haitianos”, explicó Taveras.
Según estimaciones de la Asociación para la Construcción y Promoción de la Vivienda (Acoprovi), la mano de obra extranjera llega al 60 % en la primera etapa de la construcción de los edificios, pero ese porcentaje desciende en la fase de acabado, en la que se requiere un mayor nivel de cualificación.
Este fenómeno no es exclusivo de la República Dominicana, hay que destacar que en países como Estados Unidos y España se contratan trabajadores temporales bajo la estricta supervisión de las autoridades de dichos países.
Por eso, dirigentes políticos llaman a las autoridades dominicanas a aplicar la ley no solo a los obreros sino a los empresarios que los contratan.
“Deberían empezar las acciones en las empresas que están contratando ilegales porque están violentando el derecho de los dominicanos a trabajar en el país”, mantuvo Pelegrín Castillo.
¿Qué se ha hecho desde el Gobierno?
Hace ocho meses, el Gobierno dominicano anunció que dispuso un plazo de tres meses a los empresarios para regular a sus empleados extranjeros.
Ya el plazo venció y se debe cumplir el artículo 132 de la Ley General de Migración que establece multas de 5 a 30 salarios mínimos a quienes contraten a extranjeros ilegales.
“Creo que la única gestión que llegó a poner multas a empleadores en este país fue la mía y se armó un escándalo a nivel de gobierno y del CONEP. Y se volvieron locos porque nosotros nos metimos en una empresa y le metimos 500 multa un día”, sostuvo José Ricardo Taveras.
El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (Menamird) William Charpentier, informó que se detuvo más de 385 personas, de los cuales, 350 y tantos fueron enviados para Haití y el restante despachado para sus casas por tener sus documentos al día, según precisaron las autoridades.
Otra historia tras el suceso
En los días posteriores, los operativos no han cesado. Entre los afectados está una haitiana, madre de dos niños de 8 y 6 años de edad, quien tiene tres años residiendo en el país, dos años y medio en Ciudad Juan Bosch, donde alquiló un apartamento por la suma de 300 dólares mensuales.
Su visa tenía dos meses vencida y fue llevada al Centro de Acogida Vacacional Haina, donde duró unas 10 horas detenida. No quiso dar a conocer su identidad por temor a represalias pero nos contó que al intentar regresar a su casa, el abogado del propietario no le permitió entrar, por lo que actualmente se encuentra en el apartamento de una prima. Mientras sus pertenencias siguen en la casa.
“Me siento mal y quiero regresar a mi país. Necesito la llave de la casa y recoger mis cosas”, dijo la mujer.
El miembro del “Colectivo Haitianos RD”, Rudy Joseph, también fue detenido tras negarse a entregar a las autoridades su celular con el que había grabado un operativo en Ciudad Juan Bosch y lo obligaron a eliminar el video.
“Me preguntaron por mi documento. Entonces cuando presenté el documento, porque yo tengo la cédula de residente, cuando presenté, no sé si él era un oficial de migración o si era un policía, o sea, un agente migratorio. De todas formas, me dijo que ese documento no es válido. ¿Por qué no es válido? ¿Por qué no? Ah, porque eso puede, cualquiera puede sacar eso así, una impresora”, exteriorizó el activista Raudy Joseph.
De su parte, el abogado Pelegrín Castillo dijo “todo el que está medianamente informado sabe que aquí hay una fábrica de falsificación de documentos. Entonces detenerlo, llevarlo para depurarlo, porque lamentablemente todavía no tenemos un equipo en migración que detecte la autenticidad de los documentos”.
Sin embargo, William Charpentier, refuta esta posición, “Me parece un poco extraño porque en el otro período los inspectores de migración andaban con un aparato. Inmediatamente que abordaban el extranjero, se daban cuenta si el documento estaba legal o no, entonces constituye un retroceso”.
Reacciones tras el incidente en Ciudad Juan Bosch
Ante todos estos hechos tanto en perjuicio de los trabajadores de la construcción como de los residentes en Ciudad Juan Bosch, ha surgido un desborde de reacciones tanto a favor como en contra a través de las redes sociales y artículos en prensa escrita.
William Charpentier externó que las acciones por parte la Dirección General de Migración debe realizarse específicamente en la frontera, en los puertos y aeropuertos.
En cambio, otros señalan que no se trata de una persecución pues la Dirección General de Migración tiene la facultad para realizar estos operativos y advierten de las consecuencias de no hacer cumplir la Ley.
“Si el pueblo dominicano y sus autoridades, sus élites políticas, siguen haciendo el juego a las élites corporativas y a los intereses internacionales, pues obviamente preparémonos a perder el país”, indicó el exdirector general de Migración.
Defensores de los derechos humanos consideran que eso es un mito creado tanto en Haití como en República Dominicana, para promover el odio que históricamente ha prevalecido en pequeños grupos de ambos países.
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