Representantes de las ONG de Venezuela Provea y Centro Gumilla se retractaron este jueves de una supuesta difamación contra el gobernador del estado Carabobo, el chavista Rafael Lacava, al solicitar, el pasado marzo, una investigación al funcionario por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales efectuadas en la región que gestiona.
Marino Alvarado, coordinador de Provea, y Alfredo Infante, coordinador de DD.HH. del Centro Gumilla, recibieron una demanda interpuesta por el gobernador al considerar que lo habían difamado con su solicitud.
“Nos retractamos públicamente de lo que se dijo en ese momento (…) no ha habido el interés de acusar propiamente al gobernador, empezando porque para eso existen instituciones del Estado”, dijo Alvarado en una conferencia de prensa.
Alvarado e Infante aseguraron, mediante la lectura de un comunicado, que su intención “no ha sido” señalar a Lacava “como responsable ni directo ni indirecto de presuntas ejecuciones extrajudiciales que pudieran haber ocurrido” en Carabobo.
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“La solicitud que hicimos en la presentación de nuestro informe sobre la necesidad de investigar y establecer responsabilidades no pretendió, de nuestra parte, hacer un señalamiento acusatorio al gobernador, aunque así pueda haberse entendido”, aclararon.
Sostuvieron que no han poseído “en ningún momento indicios, elementos o fundamentos para vincularlo con presuntas ejecuciones extrajudiciales”.
Por su parte, el abogado de los activistas, Joel García, señaló que este miércoles se celebró una audiencia de conciliación ante un juzgado en Carabobo, en la que ambas partes establecieron un cronograma de trabajo, que culmina el próximo 23 de agosto, en el que los activistas se comprometieron a leer el comunicado y promocionarlo a través de sus redes sociales y de las ONG que representan.
Alvarado insistió en que ambas organizaciones seguirán “haciendo el monitoreo a nivel nacional de actuaciones de organismos policiales”, incluyendo en Carabobo.
Además, las ONG expresaron que es “necesario y conveniente que se adelanten en el país procesos de revisión, fortalecimiento, investigación y reformas de los procesos, métodos y actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado”.
EFE
