El titular de la Pepca encabezó, junto a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, el equipo de fiscales en la primera audiencia del juicio preliminar contra los imputados
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La amplia cantidad de pruebas aportadas por el Ministerio Público en la acusación contra los involucrados en la red de corrupción desmantelada con la Operación Medusa apuntan a una condena de 20 años de prisión, adelantó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Nosotros, en todos los casos, hemos estado dispuestos a dar la asistencia que sea necesaria para que las defensas puedan revisar las pruebas. Lo que no puede negar la defensa es que la cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público es abrumadora. Lo que no pueden negar las defensas es que los hechos que ha presentado el Ministerio Público en esta acusación, es una acusación para 20 años”, dijo Camacho.
Consideró entendible que se otorguen plazos ampliados a las defensas para estudiar las pruebas del Ministerio Público. “Sobre todo, en este caso, que las propias defensas han tenido que reconocer la cantidad de pruebas, la contundencia de la acusación del Ministerio Público, y que estas pruebas son abrumadoras. En ese sentido, es entendible el plazo que el tribunal ha otorgado a las defensas para estudiar estas pruebas”, añadió.
Resaltó que “no deja de ser curioso que algunas de estas defensas habían acusado al Ministerio Público de no tener pruebas en este proceso y hoy tienen que reconocer la amplia cantidad de pruebas que tiene el Ministerio Público y pedirle al juez plazos ampliados para conocer las mismas”.
“Es evidente que la acusación que hemos traído en este proceso, igual como lo hacemos en todos los procesos, es una acusación blindada”, indicó Camacho.
El titular de la Pepca recordó que el Ministerio Público, en todos sus procesos, está de acuerdo en que las personas privadas de libertad tengan acceso a computadoras para estudiar las pruebas. “Nosotros hemos mandado a instalar computadoras en los centros para que los acusados puedan revisar las pruebas. Nosotros hemos estado de acuerdo en todas las oportunidades con que tengan el tiempo suficiente para revisar esas pruebas. Si hay que instalar programas no tenemos ningún inconveniente en instalar programas para que puedan revisar las pruebas”, dijo.
Resaltó que el Ministerio Público cumplirá con presteza con la entrega de las evidencias en los términos establecidos en la audiencia de este viernes por el tribunal.
Recordó, sin embargo, que el Ministerio Público ha aplicado un protocolo en todos los casos para entregar siempre las acusaciones al tribunal en forma física, incluso. “Por eso, hoy el tribunal ha dicho que tiene todas las acusaciones necesarias para notificar a las partes y hemos entregado las pruebas en la forma que establece el Código Procesal Penal Dominicano”, indicó.
“Nosotros, repito, hemos entregado al tribunal todas las evidencias, por la cantidad de información que tienen estos discos, es normal que algunas personas, incluso, por los equipos que utilicen para abrir los equipos puedan tener inconvenientes, pero en todos los casos hemos estado dispuestos a dar la asistencia que sea necesaria para que las defensas puedan revisar las pruebas”, sostuvo.
Camacho encabezó, junto a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, al equipo de fiscales que litigó en la primera audiencia en esta etapa preliminar del juicio. El equipo lo completaron los fiscales Miguel Collado, Emmanuel Ramírez, Andrés Mena, Héctor García, Rosa Alba García y Marinel Brea.
El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, al acoger una solicitud de los abogados de los procesados con la que el Ministerio Público estuvo de acuerdo y lo anunció a primeras horas de la tarde, decidió pasadas las 11:00 de la noche, aplazar el inicio de la audiencia preliminar, a fin de que las defensas y sus representados tengan más tiempo para estudiar el expediente y preparar sus medios de defensa.
El magistrado Martínez suspendió el conocimiento de la audiencia para el próximo 19 de diciembre, a los fines de que puedan ser notificados del escrito de acusación del Ministerio Público, así como las pruebas ofertadas por el Ministerio Público y le otorgó un plazo de 60 días hábiles a partir de la notificación y de una logística, claramente calendarizada, de entrega a los imputados de la documentación digital.
La audiencia, que inició pasadas las 10:30 de la mañana y concluyó después de las 11 de la noche del viernes, fue celebrada en la Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional (Sala Augusta), localizada en el antiguo edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.
Los imputados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El Ministerio Público presentó acusación en este caso el pasado 2 de julio. En el proceso Camacho destacó que “esta es nuestra acusación más grande, tiene un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas y entre las pruebas, más de 400 testigos”. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
Por el caso guarda prisión el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal imputado del caso. También, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
