Por: Arisleidy Santos.- El Gobierno del presidente Luis Abinader ha intentado impulsar varias leyes propuestas a las cuales les ha tenido que dar para atrás debido a la controversia que generan.
La decisión de dar marcha atrás a estas leyes y medidas es debido a diferentes razones como: ataques de la oposición, la presión social y la opinión pública.
El caso más reciente es el de la propuesta por parte del Gobierno de la reducción de más de 4 mil millones al presupuesto designado al Ministerio de Educación el cual se vería contemplado en el presupuesto complementario 2022.
Muchas organizaciones y entes políticos se pronunciaron en su contra considerándolo como “desacertado”, “ilegal” e “inconstitucional”.
Otros de los casos fue cuando el pasado 29 de junio se retiró de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia sometida por el Poder Ejecutivo.
La decisión fue tomada a fin de facilitar el trabajo que llevaría a cabo la comisión consultiva para la revisión y actualización de la legislación sobre libertad de expresión.
Mientras que el Proyecto de Ley Orgánica sobre Derecho a la Intimidad, el Honor, el Buen Nombre y la Propia Imagen, sometido ante el senado de la República por entender que la pieza promueve la censura, viola la Constitución de la República y que da licencia a los funcionarios para operar el manejo de la cosa pública sin cuestionamientos, no fue aprobado por la cámara baja.
Además, uno de los proyectos más mencionados fue el que el presidente propuso sobre aplicar una reforma fiscal, la cual tuvo un fuerte rechazo por parte del sector empresarial y ante esa presión Abinader anunció que no cargaría a los dominicanos con más impuestos.
Asimismo, el fideicomiso de Punta Catalina propuesto por el Gobierno a mediados de enero del 2022 y que a causa de ciertos rumores que se habían creado por esta propuesta el presidente solicitó al Senado posponer el conocimiento del proyecto hasta que el Consejo Económico y Social (CES) recibiera las opiniones de todos los sectores.
Otra medida fue la entrega de carnets migratorios, establecida en la resolución 09-2021, sobre la entrega de carnets fronterizos a comerciantes haitianos que participaban en mercados binacionales en la frontera, y que a inicios de febrero fue suspendido por la Dirección General de Migración (DGM), debido a la inestabilidad por la que atravesaba el país.
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Como también el recorte a fondos de partidos, el Gobierno se había establecido entregar solo el 50% de los fondos asignados por el Estado y debido a la crisis de la pandemia se echó para atrás la propuesta.
En febrero de 2021, el Gobierno informó que había aceptado entregar los mil 260 millones para el financiamiento de los partidos, y no los 630 millones 200 mil pesos dominicanos que tenía previsto en el presupuesto.
