El conflicto que durante años ha robado la paz a los habitantes del residencial Isabel Villas en los Altos de Arroyo Hondo III del Distrito Nacional, tiene su origen en un llamado “Plan Maestro” implementado por el empresario Rodolfo Minaya Rancier, por el cual ha demandado a decenas de vecinos civil y penalmente.
En el programa Nuria Investigación Periodística se detalló sobre este “Plan Maestro”, que consiste en una especia de administración del residencial, que contempla la construcción de varias obras de infraestructura a un estilo de Casa de Campo, en La Romana, lo que fue rechazado por los vecinos del lugar.
Establecen que en 2018 Minaya y el abogado Francisco Lazala crearon una fundación llamada Legado Fundación Isabel Villas y Marina, con funciones muy similares a la de una junta de vecinos. De acuerdo a los registros de ONAPI, el objetivo es “mejorar la calidad de vida de las familias agregando valor a nuestras inversiones, desarrollando relaciones con entidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, a fin de impulsar planes para la protección de la seguridad ciudadana, ambiental, vial y perimetral.
Sin embargo, al indagar sobre esta fundación, la Procuraduría General de la República dijo a la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, que en esa institución no existe ningún registro.
Establecen que la oposición de la comunidad al Plan Maestro y a otras iniciativas han motivado a sus vecinos Lazala y a Minaya a cometer una serie de atropellos en su contra.
“Ha iniciado una especie de hostigamiento desde el punto de vista de los procesos judiciales y administrativos contra más de 30 vecinos de la zona. Y digo hostigamiento porque ha ido desde el ámbito civil al ámbito penal hasta la Alcaldía del Distrito Nacional en acciones sostenidas, donde ha tenido aparentemente alguna incidencia porque ha obtenido sentencias fallos a favor de él”, dijo Faride Raful.
Explican que Minaya Rancier también demandó pidiendo el nombramiento de un administrador judicial, pese a que esa figura no está contemplada en la ley que rige las juntas de vecinos.
“Yo, por ejemplo, he sido demandado por la Administradora Judicial Lourdes Gómez, simplemente porque un grupo de vecinos nos acercamos a la oficina a preguntar por los documentos, o sea, todos los documentos que se supone que ella iba a ir al Residencial a auditar fueron sustraídos de la oficina”, dice Guillermo Garrido, uno de los residentes de Isabel Villas afectado por Minaya Rancier.
Incluso los fiscales que emiten decisiones desfavorables para Minaya Rancier también han sido afectados por el terrorismo judicial. Tal es el caso del fiscal Gerinaldo Contreras, quien por haberle dado curso a esas denuncias y haber junto con el Ayuntamiento convocado una reunión de vecinos en Isabel Villas, fue recusado y demandado penalmente tanto por la Administradora Judicial Lourdes Gómez como por el señor Rodolfo Minaya y sus abogados.
Sin embargo, Minaya, quien no ha sido apresado pese a que tiene una orden de arresto en su contra emitida por el fiscal Contreras, asegura que este ha cometido abuso de autoridad y niega que esté prófugo de la justicia.
Minaya, al ser entrevistado via Zoom por Nuria Investigación, niega que estuviera prófugo y aseguró que esa orden de arresto no tiene ninguna validez, por lo que procedió a interponer una querella disciplinaria.
El empresario también niega el terrorismo judicial y justifica la enorme cantidad de demandas que ha interpuesto contra más de 20 vecinos.
“Esas demandas es la via legal que nosotros debemos usar. No debemos usar otra vía. Y eso debe. Todos los aspectos legales deben examinarse en los tribunales. En los tribunales. Ellos han tenido la posibilidad de ser escuchados”, dijo Minaya.
Por su lado, los residentes de Isabel Villas señalan que todas esas demandas de las que son objeto como son por falsificación de documentos, intento de incendiar una oficina de la Junta de Vecinos, difamación y desfalco por 200 millones de pesos evidencian los huecos que hay en la justicia que pueden ser aprovechados por personas con mucho dinero y poder
“Yo me imagino que un juez que lee ese documento dice pero cómo una asociación de malhechores se robaron 200 millones de pesos. Nadie va a acusar así abiertamente, sin pruebas. Acá debe estar pasando algo”, dice María Pía Aguirre, una de las vecinas afectadas.
Además del fiscal y los vecinos que presentó el programa Nuria Investigación, entre los perjudicados también está una mujer residente en Europa, que establece que su casa ubicada en el sector, valorada aproximadamente en 500 mil dólares, está prácticamente secuestrada por Rodolfo Minaya y su hija Emma Minaya, quienes pusieron un guardián las 24 horas que impide el paso a su vivienda y al igual que ha hecho con los demás, también le ha puesto demandas.
“Nos han puesto alrededor de nueve o diez demandas de todo tipo y las últimas fue una demanda penal en el Tribunal Penal en el cual no nos acusaban de falsificación de documentos”, dice la mujer residente en Europa.
Explica que resultó afectada tras rescindir el contrato de alquiler a la hija del empresario. Esta es la escueta explicación que da Minaya al ser cuestionado sobre este caso.
“Ella violó la ley. Ella violó el contrato establecido. Entre ella y el inquilino. Que ella echó para atrás ese contrato en el momento en que pretendió ilegalmente desalojar a mi hija que estaba pagando, religiosamente, puntualmente”, expresó Rodolfo Minaya.
Sin embargo, la propietaria establece lo contrario y menciona los esfuerzos que ha hecho para llegar a una conciliación.
Hasta el momento, Minaya Rancier y su hija han demandado a 25 residentes, a 4 empleados de la Alcaldía del Distrito Nacional, y al fiscal Gerinaldo Contreras, quien tiene abierta una investigación en el Consejo Superior del Ministerio Público. Se han emprendido 6 acciones penales y 10 demandas civiles.
