La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), María Elena Vásquez, ha advertido aquí que la significativa y creciente participación de la economía digital plantea nuevos retos para la libre y leal competencia y obliga a preguntarse si es suficiente la legislación clásica sobre el tema.
En su conferencia Acciones de Aplicación de la Ley y Abogacía en Mercados Digitales, presentada el jueves en la Asamblea Anual del Centro Regional de Competencia para América (CRCA), refirió que la mayoría de los países latinoamericanos carece de legislaciones de competencia especializadas.
Para ella, esa carencia representa una oportunidad de mirar y analizar las legislaciones que permitan crear unas normativas y políticas de regulación económica y de competencia más eficientes y amigables.
Ha asegurado que Procompetencia ha comprendido que la economía digital representa el futuro de la economía y ha adelantado que realizan un estudio económico sobre plataformas digitales de comercialización de vehículos en la República Dominicana.
Detalló que analizarán el funcionamiento de tal negocio en el entorno digital, ingresos, formas de participación y otros aspectos, porque –entienden- todo indica que las plataformas digitales se han convertido en el espacio idóneo para la compra y venta de vehículos.
“Si damos un vistazo a Centroamérica, de acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2019, los ingresos de la economía digital ascendieron a US$21,7 mil millones, de los cuales la República Dominicana tuvo una participación del 19% de este monto, representando ingresos por US$4,1 mil millones, equivalente al 4,6 del Producto Interno Bruto de nuestro país. Una cifra muy importante”, explicó.
Opinó que la falta de legislación especializada para regular tales mercados digitales en auge, no implica que las autoridades de competencia de estos países deban obviarlos.
Según Vásquez, el compromiso de la institución descentralizada del Estado en el fomento de la innovación en la libre competencia en los mercados digitales se puede percibir en los distintos informes de abogacía emitidos ante casos sobre mercados y plataformas digitales.
“Un ejemplo de este ejercicio de abogacía de la competencia que hemos estado realizando” –puntualizó- “son las observaciones a la Normativa Técnica del Servicio de Transporte en Taxi, emitidas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)”.
También resaltó el informe de abogacía u Opinión Motivada del Reglamento sobre Aplicación del ITBIS a los servicios digitales de proveedores del exterior. En la ocasión, dijo, la Dirección General de Impuestos Internos pretendía imponer un impuesto de servicio a las plataformas digitales que operan en el país.
Vásquez se refirió a la experiencia dominicana en cuanto a abogacía de la competencia en los mercados digitales.
Dijo que el país, como otros de América Latina, se encuentra en plena transformación digital. Y puntualizó que adopta una serie de instrumentos normativos que permitan propiciar el desarrollo de una transformación digital integral y sostenible. “Y como autoridades de Competencia no nos hemos vistos ajenas a dicha realidad”, puntualizó.
La presidenta de Procompetencia destacó que la Ley General de Defensa de la Competencia 42 de 2008 reconoce la atribución de abogacía de la competencia.
Precisó que esta se realiza sobre los instrumentos: revisión de actos jurídicos estatales contrarios a la libre competencia; tratamiento de ayudas estatales para determinar efectos sobre las condiciones de competencia; y simplificación de trámites administrativos, para que no obstaculicen el derecho a la libre y leal competencia.
De acuerdo a Vásquez, a través de la abogacía de la competencia, la institución descentralizada del Estado ha contribuido al desarrollo y respeto de la libertad de empresa y a la libre competencia.
