El régimen de Daniel Ortega se comprometió este miércoles a liberar de manera “definitiva” a todos los opositores presos en Nicaragua antes del próximo 18 de junio, y a trabajar con la OEA en una reforma electoral para los comicios de 2021, en la víspera de un paro nacional opositor.
Un “plan de trabajo” divulgado por la cancillería planteó “la liberación definitiva a más tardar el 18 de junio” de los 336 opositores que han sido enviados a arresto domiciliario desde febrero pasado.
Incluye también a los reos “que todavía se encuentren encarcelados y los que tienen proceso abierto en ausencia, cuya causa está en trámite”.
Además, la nota que descarta la propuesta opositora de adelantar los comicios propone “continuar con la OEA el proceso de fortalecimiento institucional electoral (…) para las futuras elecciones generales del 2021”.
El régimen sandinista hizo público el plan luego de que la oposición agrupada en la Unidad Nacional Azul y Banco (UNAB) convocara a un paro nacional de un día, apoyado por las cámaras empresariales, para exigir la liberación de los detenidos en las protestas del último año.
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La huelga fue propuesta por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) que el lunes se retiró del diálogo con el gobierno en protesta por la muerte a tiros del opositor Eddy Montes en la cárcel, y por los abusos que sufren los presos.
Montes, de nacionalidad nicaragüense y estadounidense, murió el jueves pasado durante un violento disturbio en la cárcel La Modelo, en el que también resultaron heridos al menos 17 opositores.
El fallecimiento se produjo en medio de los constantes llamados de la oposición y la comunidad internacional para que el régimen sandinista cumpla con su promesa de liberar a todos los detenidos en las protestas.
En tanto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) demandó el martes a Nicaragua liberar de manera “incondicional” a todos los opositores, al tiempo que abogó por la convocatoria a elecciones anticipadas.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió a Nicaragua, por su parte, adoptar medidas para proteger la vida, salud e integridad física de 17 personas detenidas, incluidos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, el dirigente campesino Medardo Mairena y la estudiante de origen belga Amaya Coppens.
Según grupos humanitarios, la represión a las protestas que estallaron en abril del 2018 contra el gobierno de Ortega dejó 325 muertos, cientos detenidos y 62.000 exiliados.
