El Ministerio Público de Chile confirmó este jueves la investigación en curso de 309 causas por delitos sexuales denunciados contra agentes del Estado entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, en medio de la ola de protestas que remeció al país suramericano.
En detalle, según una circular firmada por el Fiscal Nacional subrogante, Juan Agustín Meléndez, se trata de 47 denuncias registradas como “violencia sexual”, 254 identificadas en la categoría “desnudamiento forzado”, mientras que se investigan ocho causas por los delitos de “violación, abuso sexual con sorpresa y/o sin consentimiento y abuso sexual con circunstancia de violación”.
La información fue emitida por el Ministerio Público en respuesta a un requerimiento enviado por cuatro parlamentarias de la Unión Demócrata Independiente (UDI) -uno de los partidos conservadores más relevantes del país-, que solicitaron pronunciamiento al organismo tras los dicho del presidente de la República, Gabriel Boric, sobre la materia.
“Como Estado, debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir”, sentenció el mandatario en el tercer aniversario de la ola de protestas.
De acuerdo a la Fiscalía, con datos consolidados hasta el 14 de septiembre de este año, se registran diez investigaciones formalizadas, ocho de las cuales corresponden a desnudamientos forzados, una a violencia sexual y una a delitos sexuales.
Además, el ente persecutor aseguró que el total de casos investigados por delitos de violencia institucional ocurridos durante el estallido social asciende a 10.761.
A principios de este mes, el Gobierno firmó un memorándum con ONU Mujeres basado en seguridad pública, en el marco de la reforma a la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile.
El acuerdo compromete la colaboración técnica de ONU Mujeres, a través de su metodología, para transversalizar la perspectiva de género en materia de seguridad pública e incorporar este enfoque en todo el quehacer de las policías.
El estallido social de 2019 dejó una treintena de muertos, miles de heridos y señalamientos contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos de parte de diversos organismos internacionales.
El proceso constituyente en el que está inmerso Chile surgió como la vía política para calmar las protestas y, aunque una abrumadora mayoría rechazó la propuesta de nueva Constitución, hay cierto consenso en que el país necesita sustituir la Carta Magna actual, heredada de la dictadura, mientras el Congreso impulsa un acuerdo para concretar los cambios.
EFE
