El grupo de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de analizar la crisis política de Perú, recibió el martes a líderes opositores que negaron tramar un golpe de estado contra el presidente izquierdista Pedro Castillo, como alega éste último.
“Lo principal es que en el país no existe un golpe de Estado, ni manifiesto ni encubierto”, dijo a la prensa la congresista del partido derechista Fuerza Popular, Patricia Juárez, cuando resumió el mensaje transmitido al colectivo.
“Lo que hemos solicitado es absoluta imparcialidad en los resultados del informe y creemos que ese es el compromiso de los cancilleres”, agregó la portavoz del partido de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
“Hemos expuesto que consideramos injusto y arbitrario que el presidente nos acuse de golpistas, nosotros estamos dispuestos al diálogo”, declaró el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto.
La misión de dos días llegó a Perú el lunes luego que Castillo, quien es investigado por corrupción, denunciara un supuesto golpe parlamentario en marcha, para lo cual invocó aplicar la Carta Democrática Interamerciana como paraguas ante la supuesta embestida.
El grupo lo conforman los cancilleres de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro; de Paraguay, Julio César Arriola; de Costa Rica, Arnaldo André; y de Belice, Eamon Courtenay. También la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil, el vicecanciller de Argentina, Pablo Tettamanti, y el paraguayo Eladio Loizaga, como representante de la secretaría general de la OEA.
La misión recibió igualmente a representantes de la Defensoría del Pueblo, la iglesia católica y organismos electorales.
Organizaciones de prensa que representan a los dueños de medios de comunicación así como asociaciones del gremio de periodistas fueron además escuchadas.
El grupo diplomático se reunió con el presidente Castillo, el jefe del parlamento, Poder Judicial y Fiscalía el lunes.
La misión fue aprobada en octubre por el Consejo Permanente de la OEA y enviada a pedido del mandatario izquierdista. Su objetivo es preparar un informe en el plazo más breve posible, que será entregado al Consejo Permanente que determinará los pasos a seguir.
Castillo, en el poder desde julio de 2021, ya ha enfrentado dos intentos de destitución en el Congreso y está sometido a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción, de la que también se acusa a su círculo familiar y político más cercano.
El presidente peruano se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder y denuncia un “golpe de Estado”. Alega que no puede ser investigado hasta el final del mandato, en julio de 2026.