Santo Domingo.– Destacados dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana consideraron este martes que el proyecto de Ley de Fideicomiso Público afectaría la institucionalidad y la administración gubernamental del país.
El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, entiende que el proyecto de Ley que cursa en la Cámara de Diputados y que fue aprobado por el Senado, tiene la clara intención de privatizar la administración pública.
El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana manifestó que este proyecto engloba los casos más sensitivos de la inversión, lo cual sería funesto para el país.
“En ese proyecto se le da una autonomía a las personas para que puedan ser dirigidos por políticos, técnicos o empresarios para administrar los fondos públicos como si fuera una empresa privada. Como si fuera una propiedad de ellos, sin haber puesto un centavo”, expresó el senador por Santiago.
Domínguez Brito consideró que esta nueva ley exime del cumplimiento de todas las obligaciones de transparencia, como las leyes de Contrataciones Públicas, de Crédito Público, la de Presupuesto para el Sector Público y la de Control Interno y Externo de los Fondos Públicos.
“Esto es la antesala de un crimen. Es como en el asesinato. Es legalizar la acechanza, la premeditación y alevosía”, afirmó el ex Fiscal del Distrito.
Continuó diciendo: “Los gobiernos del PLD establecieron un sistema de administración con controles, este retroceso es inadmisible”.
Juan Ariel advierte
Mientras, el economista Juan Ariel Jiménez advirtió que la aprobación de Ley de Fideicomiso Público convertiría en enorme retroceso la transparencia y la institucionalidad.
El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alertó sobre las intenciones en la Cámara de Diputados de aprobar una ley de Fideicomiso Público que se convertiría en un “enorme retroceso a la transparencia y la institucionalidad”
Jiménez explicó en un hilo en su cuenta en la red social twitter que con el proyecto se relajarían los controles en el manejo de fondos del Estado, lo que motivado que interrumpiera la tregua navideña, que tradicionalmente sucede en el debate político al finalizar el año.
“La propuesta de ley en el artículo 13 exime a los fideicomisos públicos de cumplir con la ley de compras y contrataciones, sustituyéndola por un reglamento propio de cada fideicomiso. Esto es violatorio a la Ley 340-06 artículo 2 y a la sentencia del TC 0305 de dic de 2014”, argumenta Juan Ariel Jiménez en su alerta sobre las consecuencias de aprobar dicho proyecto.
Explica que con esos fideicomisos se podrá comprar y contratar “como les de la gana”, sin la debida competencia y transparencia que establece la ley de compras para toda entidad que use fondos públicos.
“En el artículo 8 establece que la deuda contraída por el fideicomiso no es deuda pública, lo que evita requisito de aprobación congresual y registro en Crédito Público. En otras palabras, un permiso para endeudarse sin que nadie lo tenga que aprobar”, apunta.
Considera que permitir un endeudamiento extra presupuestario y extra balance contradice las buenas prácticas definidas en los manuales de estadísticas fiscales y de deuda del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OECD, BIS, entre otros organismos multilaterales.
“En pocas palabras, se busca facilitar el uso de recursos públicos mediante el no cumplimiento de las leyes y los controles” presenta el ex Ministro de Economía y Planificación a modo de conclusión de su voz de alerta ante lo que reiteró es un notorio retroceso a la transparencia y la institucionalidad.
Tras afirmar que la actual gestión confía mucho en los fideicomisos, las privatizaciones y las APPs, cita que el año pasado se transfirieron recursos por más de 15 mil millones de pesos a fideicomisos, y se tiene fideicomisos para todo: reforma policía, becas, marca país, exportación tilapias, etc.
“Pero es que la estructura de fideicomisos NO PUEDE sustituir ni suplantar las estructuras de gobierno. Tenemos un fideicomiso de policías y una Policía Nacional. Un fideicomiso de becas y un MESCYT. Un fideicomiso Pro-Pedernales y un Ministerio de Turismo” denuncia.
Considera que ese tipo de comportamiento y práctica destruye la institucionalidad y la transparencia: “No podemos tener un gobierno paralelo vía fideicomisos que disponga de fondos públicos por fuera del sistema de administración financiera del Estado y sin los debidos controles definidos por las leyes” advierte.
