El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció este viernes la detención e imputación de tres hombres que supuestamente fueron contratados para asesinar a un periodista y activista estadounidense de origen iraní cuyo nombre no fue confirmado.
Se trata de la misma persona que fue objeto de un intento de secuestro por el que fueron imputadas otras cuatro personas el año pasado, relacionadas con los servicios de inteligencia iraní.
En la conferencia de prensa en la que anunciaron estas detenciones, ni Garland ni el resto de comparecientes, incluido el director del FBI, Christopher Wray, dieron la identidad de la víctima, aunque los datos facilitados apuntan a la periodista Masih Alinejad.
Según el fiscal general, la víctima fue elegida como objetivo por “ejercer el derecho de todo ciudadano estadounidense” de expresarse y por publicar los “abusos de derechos humanos” del gobierno iraní, su trato “discriminatorio” de las mujeres, la supresión de las expresiones democráticas en ese país o las detenciones “arbitrarias” que allí se practican.
Uno de los detenidos, el iraní Rafat Amirov, es el líder de este grupo y de una organización de Europa del este que tiene lazos con Irán y de la que eran también miembros los otros dos detenidos, según explicó Garland.
El fiscal general apuntó directamente al régimen iraní como responsable de encargar el asesinato.
“No toleraremos los intentos de ningún régimen autoritario de amenazar con silenciar a ciudadanos estadounidenses y no pararemos hasta identificar y llevar ante la justicia a los responsables”, añadió.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, precisó en otro comunicado que se imputó al líder de la trama, al presunto asesino a sueldo, arrestado a finales del año pasado en Nueva York, y a un tercer individuo arrestado en el extranjero y que afronta la extradición a Estados Unidos.
“Que nadie se equivoque: Estados Unidos no permitirá que Irán u otros regímenes autoritarios exporten esfuerzos para sofocar la disidencia pacífica a través de amenazas e intimidación contra quienes viven legalmente en nuestro país”, concluyó.
