La tortura de opositores al gobierno de Nicolás Maduro sigue vigente como método represivo en Venezuela, afirmó este miércoles en Washington el Instituto Casla, que denuncia un país en el que “todos son sospechosos”, incluidos los altos funcionarios.
Al menos 54 personas fueron sometidas a tortura física y/o psicológica en 2022, asegura el instituto, que documenta 19 casos, con una o más víctimas, a lo largo del año en el informe “La represión sistemática en la sombra”, presentado en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Casla, un centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga, se basa en testimonios de víctimas.
Algunas “fueron sometidas a extremos de dolor inimaginables”, afirma, citando, entre otros, “el desprendimiento de uñas”, “la extracción con alicates o ruptura de piezas dentales”, cortaduras con navajas, descargas eléctricas o simulacros de ejecución.
En algunos casos las víctimas “identificaron a personas con acento colombiano, a quienes la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) entregaba por tiempo determinado simulando una venta de rehenes” y otras “a agentes cubanos”.
“En Venezuela los crímenes no se han parado, continúan de forma silente ante la opinión pública internacional que aparentemente cree que Maduro ha cambiado y que ahora es más amable; no, es más criminal”, acusa la directora de Casla, Tamara Sujú.
El gobierno de Maduro, que ha reanudado las negociaciones con la oposición en México, ha logrado incluso esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
“Las sanciones han sido muy importantes” pero “Maduro las ha burlado y se sigue financiando a través de Rusia y de Irán”, afirma Sujú.
Según la organización Transparencia Venezuela, entre el 70% y el 90% del oro venezolano sale ilegalmente del país.
En su sexto informe, Casla afirma haber conseguido de forma confidencial el “Manual de operaciones especiales de la DGCIM”, conocido como “La Constitución” entre los funcionarios de este organismo de inteligencia.
En él figuran “niveles de aprobación de las principales medidas” de la DGCIM, es decir “describe cómo se reparte el gobierno la responsabilidad de la persecución, acusación y encarcelamiento de sus víctimas” según “la importancia” de las personas.
El primer nivel corresponde al presidente Nicolás Maduro, que se encargaría de “los casos donde puedan comprometerse las relaciones internacionales” y de “cualquier medida” aplicable a generales y almirantes, extranjeros con inmunidad diplomática, altos funcionarios del gobierno a nivel nacional, de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partidos opositores, gobernadores, alcaldes, y diputados, así como sus familiares, detalla el informe.
– Cadena de mando –
“Maduro ha dado orden o ha aprobado” acciones contra este tipo de personas “conociendo personalmente los horrores a los que cada uno ha sido sometido, premiando con ascensos, cargos administrativos de alto nivel, permisividad en el enriquecimiento ilícito e impunidad, a sus más fieles ejecutores de órdenes y directrices”, añade.
Los cuatro niveles restantes dependen de la estructura interna de la DGCIM.
Casla, que afirma haber obtenido el manual de funcionarios de inteligencia, lo considera esencial debido a establece “la cadena de mando o de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por este organismo de inteligencia” y esto es clave ante la Corte Penal Internacional (CPI) porque el gobierno niega dicha planificación y sistematización.
El instituto afirma que en la redacción del manual “persiste el factor ideológico”.
“¡Todos son sospechosos! La influencia del manual cubano (…) la formación de oficiales y funcionarios con los conocimientos y técnicas de la inteligencia cubana para el control social, ha permitido que la sociedad civil venezolana en su conjunto sea objeto de espionaje”, asegura.
