La Suprema Corte de Justicia notificó, hace más de un mes, a la Procuraduría General de la República de la sentencia que condena al alcalde por Jaquimeyes, Carlos Valentín Batista, a tres años de prisión y a cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, por corrupción administrativa.
Mediante actos de alguaciles, actuando a nombre del secretario general de la SCJ, César José García Lucas, fueron notificados de la sentencia, la procuradora Miriam Germán Brito; el condenado Carlitos Pollo y sus abogados defensores, Carlos Julio Félix y Greisy Feliz Pineda, así como el demandante Anulfo Confesor Urbáez.
¿Si ya fue condenado y debidamente notificado, por qué no se da curso a la sentencia y se procede a la destitución y encarcelamiento del edil?.
Mediante el acto número 120-2023, entregado por la alguacil María Leonarda Juliao Ortiz, fue notificada la magistrada Miriam Germán, el pasado 24 de enero, 12 días después de evacuado el dictamen de la sentencia 001-022-2022-REAP-00002 condenando a Carlitos Pollo a tres años de prisión e inhabilitándole para ejercer cargos públicos, pero éste sigue al frente del ayuntamiento de Jaquimeyes.
La notificación fue recibida en la PGR por Yenny Feliz, asistente de Germán Brito.
15 días después de notificado el Ministerio Público, el siete de febrero, el alguacil Welington Segura Pérez, notificó al alcalde Carlitos Pollo, en su residencia, en Jaquimeyes, mediante el acto número 143-2023.
Ese mismo día, también fue certificado Anulfo Confesor Urbáez, quien fue quien demandó por corrupción al edil y se desempeñó como tesorero del ayuntamiento de Jaquimeyes.
Mientras que el 24 de febrero, mediante acto de alguacil 126-2023, fueron notificados a Carlos Julio Feliz Vidal y Greisy Feliz Pineda, abogados de Carlitos Pollo.
La querella por corrupción al síndico Carlitos Pollo contempló el pago un viaje privado a Argentina con dinero del ayuntamiento, sustraer dinero por concepto de la venta de sal, un préstamo en una cooperativa para pagar a empleados que despidió y tomar parte del dinero.
De acuerdo a la querella, el edil donó dos mil pollos de su empresa a los munícipes, pero el 11 de septiembre de 2017, emitió un cheque por 350 mil pesos a nombre de su madre, Leonora Batista Beltré, quien funge como administradora de la empresa avícola, que es propiedad del alcalde condenado y de esta manera cubrió el alegado donativo.
A Carlitos Pollo también se le atribuye la venta de un camión Daihatsun y una camioneta Toyota Hilux de forma irregular y sin reportar el dinero a la cuenta del ayuntamiento.
También de comprar un vehículo de manera irregular y violentando las norma establecidas por Compras y Contrataciones Públicas.
El pasado cuatro de febrero, el edil formalizó su juramentación en el gobernante Partido Revolucionario Moderno.
