El expediente mediante el cual el Ministerio Público solicitó allanamiento contra 23 personas vinculadas en la Operación Calamar, establece que el abogado Angel Lockward intentó intimidar a miembros de la Unidad de Antifraude de la Contraloría de la República y atacar el Informe Especial de Investigación.
Según el MP, lo que buscaba el hoy apresado, era sobre pagos y libramientos elaborados por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado.
Además, conseguir el pago ilegal de las sumas pendiente de entrega a la estructura de corrupción en la cual tenían participación como artífices legales, para darle apariencia de licitud a los procesos paralizados mediante las órdenes judiciales citadas por la Procuraduría.
El documento del Ministerio Público continúa explicando que: “Han acudido a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa donde han sometido de manera simultánea demandas o recursos contenciosos administrativos con el fin de ejecutar los pagos pendientes, anular el Informe Especial de Investigación de los técnicos y peritos de la Unidad Anti Fraude, así como intimidar los miembros de la Unidad Antifraude con una demandada patrimonial en su contra que responden a los siguientes casos de la jurisdicción administrativa: expedientes 0030-2018-ETSA-02209, ante la Tercera Sala del TSA, expedientes 0030-2019-ETSA-02290; 0030-2020-ETSA-00489 y 0030-2022-ETSA-0033, ante la Segunda Sala del TSA, mediante los cuales procura la ejecución del pago por concepto de expropiación a Casino Unión Dueyana INC, Andrés Alejandro Aybar Báez y compartes, así como la nulidad del Informe Especial, en este último se acciona inclusive en nombre y representación de personas fallecidas como el caso de la señora Violeta Jiménez Mota, además el expediente 0030-2022-ETSA-00015 ante la Primera Sala del TSA, consistente en la demanda patrimonial en contra de los miembros de la Unidad de Anti Fraude, César Alberto Thomas Castillo, Gersy Mateo Medina y Juan Miguel Andrés Flaquer”.
