El Ministerio Público asegura que el entramado Calamar, del que supuestamente son parte los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, aprovecharon el fallecimiento de varias personas para obtener la firma de acuerdos amigables de cesión de crédito en expropiaciones del Estado.
La solicitud de medida de coerción interpuesta por el Ministerio Público contra los 20 encartados de Calamar, establece que Cristino Mota y Mercedes Mota, murieron en abril y agosto del 2015, sin embargo, en noviembre de ese mismo año, firmaron acuerdos amigables de cesión de crédito, algo que el órgano persecutor califica de irracional.
También establece que el entramado utilizaba testaferros para ponerlos como accionistas de compañía de carpetas y que el abogado Ángel Lockward los ponía como herederos de terrenos en litis con el Estado, para luego obtener una liberación de pago por parte del Ministerio de Hacienda que en ese entonces era encabezado por Donald Guerrero.
El documento sostiene que el acuerdo amigable depositado en el tribunal no figura el señor Jorge de Mota Mercedes, quién falleció en fecha quince (15) de abril del año 2001, pero este sí figura como descendiente en el acto de determinación de herederos el 13 de enero del año 2014, por lo que el tribunal a pesar de establecer que es heredero, no se percató que no estaba firmando en el acuerdo amigable de partición, lo que equivale a actos totalmente irregulares.
Dice el órgano persecutor que esto evidencia una violación a las disposiciones establecidas en el artículo 139 del Reglamento de los Tribunales de Tierras, ya que acogió un acuerdo amigable sin estar todos los copropietarios, coherederos y copartícipes.
Indica que desde la declaratoria de utilidad pública de la parcela número 10, del distrito catastral 10/1, el 16 de septiembre del 1975, en virtud de que estos terrenos formaban parte del creado Parque Nacional del Este, transcurrieron decenas de años sin que los familiares del señor Jorge Mota reclamaran al Estado los pagos correspondientes a los terrenos de su propiedad, siendo a partir del año 2019 cuando se producen acercamientos con parte de los funcionarios que pertenecen al entramado. Estos acercamientos se dan vía el imputado Ángel Lockward Mella.
Luego de esto y vía Dirección General de Bienes Nacionales, se firma un acuerdo transaccional reconociendo deudas por parte del Estado dominicano a propietarios de parcelas para generar beneficios a solo una parte de los herederos de Jorge Mota.
Este acuerdo transaccional tenía como fundamento el desistimiento de acciones legales y el pago de una porción de terreno con una extensión superficial de 1,907,909.90 metros cuadrados, dentro de los cuales la Dirección General de Bienes Nacionales adquiere una porción de terreno de 1,655,921.80 m2, que está ubicada dentro del ámbito de la parcela a nombre de los sucesores de Jorge Mota.
El expediente acusatorio del Ministerio posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
En la ejecutoria de estos allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
