Desde el pasado domingo, la sociedad dominicana se ha conmocionado con lo que ha sido calificado por el Ministerio Público como “la operación más grande de lavado hasta la actualidad”. Hablamos de la Operación Calamar.
El programa Nuria Investigación Periodística realizó un reportaje sobre este entramado, detallando su modus operandi por medio al que se obtuvo fondos de manera ilícita para las campañas políticas de 2019 y de 2020, y las alegadas maniobras realizadas por los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto otros funcionarios y empresarios involucrados que son fichas conocidas como Mimilo Jiménez, José Arturo Ureña y Bolívar Ventura.
Familiares pidiendo clemencia ante las autoridades que requerían a uno de los investigados por la trama, era lo que se registraba en la casa del exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, como parte de los 40 allanamientos realizados entre el sábado 18 y el lunes 20 de enero por las autoridades, aunque los principales acusados, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, fueron arrestados el sábado 18 en la sede de la Procuraduría, donde estaban siendo acudiendo desde el pasado jueves para fines de interrogatorio. Todo esto en el marco de un operativo desplegado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Entre las maniobras señaladas están el uso de instituciones del Estado para desfalcar al Estado, aprovechar sus conocimientos para violentar sus procedimientos, identificar bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, logrando que el Estado dominicano erogara fondos en base a maniobras fraudulentas. Estos fondos que retornaban y se traducían en grandes beneficios económicos para los funcionarios y particulares que formaban parte de la organización.
El primer acusado es Donald Guerrero, quien de acuerdo al expediente, ideo y creó el plan.
Incluso el expediente destaca que a pesar de que se estaba en pleno apogeo de la pandemia por COVID 19, todo el personal de la Dirección General de Crédito Público de la institución que dirigía continuó trabajando de manera presencial y permanente, para hacer posible la erogación de unos 17 mil 440 millones 381 mil 730 pesos, debido a que había una presión para que se hieran esos pagos.
En este caso, el órgano acusador presenta a Bolívar Ventura también como testigo para comprobar la participación directa de Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, quienes utilizaron sus empresas (Doiteca, Diprecalt, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC) para distraer fondos del patrimonio público, a través de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento reconocimientos de deuda de trabajo adicionales, y que se basan en volumetrías inexistentes realizadas desde la OISOE.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, todo iniciaría en el 2019, antes de las Primarias del PLD, cuando el entonces presidente Danilo Medina, convoca a una reunión en el Palacio Nacional en la que instruye a sus funcionarios más cercanos, incluyendo el segundo imputado señalado en el expediente, José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, buscar dinero para las campañas políticas de las internas del PLD del 2019 y las presidenciales del 2020, a sabiendas de que esa búsqueda sería ilícita.
Peralta le solicita al entonces director de la OISOE, Francisco Pagán, convocar a Bolívar Ventura. Una vez en el Palacio Nacional, José Ramón Peralta le dice que debía hacer un aporte para la campaña y que a cambio se le pagarían una parte de las deudas que el Estado tenía con él, y que para coordinar los pagos debía ir donde Donald Guerrero.
En ese contexto, Bolívar Ventura le indica al ministro de Hacienda que tenía muchas deudas y que lo que podía hacer era dar doscientos millones de pesos. Esta propuesta hizo que siguieran discutiendo los montos, ya que Donald Guerrero le reclamaba que podía dar más. Finalmente, acordaron 527 millones 694 mil 838 pesos.
El tercer imputado es Gonzalo Castillo Terrero, exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial
El Ministerio Público dice tener evidencia de que llegó a recibir hasta 3 mil 812 millones de pesos en efectivo de parte de Mimilo Jiménez.
El expediente señala que era frecuente que Gonzalo Castillo llamara a Mimilo Jiménez para pedir más y más recursos a sabiendas de la procedencia ilícita de estos fondos que no fueron declarados ante la Junta Central Electoral.
Las entregas del dinero se hacían en el edificio GAMPSA IV, piso 7, ubicado en la calle José López, en el Distrito Nacional y en un lugar al que denominaron “La Casita”, ubicado en la calle Ceiba 102, en Bella Vista
El cuarto imputado es Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República, quien de acuerdo a la investigación realizada, faltó a su deber, al aceptar como buenas y válidas negociaciones con personas sin calidad, y consciente de esto procedió a retener una ínfima parte de la suma pactada, equivalente a un 20% del precio convenido y percibía un 2% de todos los pagos irregulares ejecutados por concepto de terrenos expropiados, entre enero y julio del año 2020.
Solo entre diciembre del año 2019 y julio del año 2020, fruto de los actos de corrupción, obtuvo para beneficio personal un aproximado de 366 millones 39 mil 672 pesos.
Otro de los acusados es Luis Miguel Piccirillo McCabe, director del CEA entre 2019 y 2020.
La instancia indica que McCabe, valiéndose de esa posición, alteró los procedimientos para la ejecución de ciertos contratos y desnaturalizó el Acuerdo Transaccional sobre Litis de Terrenos Registrados, realizado en 2013, con la única finalidad de materializar la compra fraudulenta de parcelas. Recibiendo a cambio un total aproximado de 58 millones 949 mil 290 pesos.
El sexto imputado es Claudio Silver Peña Peña, exdirector de Catastro Nacional. El documento establece que realizó unos 17 avalúos irregulares que servían como base para fijar los precios en los acuerdos transaccionales de compra de terrenos expropiados permitiendo la distracción de fondos
Recibió 60 millones 280 mil pesos a través de estas maniobras fraudulentas. Con esto incrementó considerablemente su patrimonio, adquiriendo una yipeta Toyota, modelo Prado del año 2018, otra marca Hyundai Tucson año 2014 y varios inmuebles.
El Ministerio Público también imputa a Ángel Lockward, como abogado con conocimiento del proceso administrativo y en materia de expropiación de terrenos. Señala que se encargaba del trámite de los documentos de los casos que eran captados por el señor Antonio Lujan Mercedes Rijo y por el imputado Alejandro Constanzo Sosa, quienes luego de captar los casos ponían a los beneficiarios de estos en contacto con él.
De igual forma, se encargaba de las negociaciones con los demás miembros de la estructura para fijar un precio a los propietarios de los terrenos y aumentar este precio al Estado con el fin de distribuir el excedente entre ellos fruto de las ilegalidades, incrementó su patrimonio de manera injustificada, y para intentar ocultarlo recurrió a actividades propias de lavado de activos, por ejemplo, traspasos de inmuebles a nombre de sus empleados, como ocurrió con la simulación de venta de inmueble realizada con el imputado Agustín Mejía Ávila.
Así se justificó al acudir a la Procuraduría, el pasado domingo, luego de que el día anterior no fuera detenido en el allanamiento que le hicieron a su hogar debido a que no se encontraba allí.
