Por: Joel Suriel. – El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, dijo este viernes que la mitad de los encartados en la Operación Calamar han acordado delatar el esquema de corrupción a cambio de una variación en el pedimento de medida de coerción en su contra.
El procurador adjunto dijo sentirse asombrado porque 10 de los 20 encartados han hablado más de lo que esperaba el Ministerio Público, incluso algunos han revelado detalles que van más allá de lo que tenía pensado el órgano persecutor.
Camacho señaló que las admisiones de los imputados son las consecuencias directas de la contundencia de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, al tiempo de elogiar a la defensa, la cual dijo actuó inteligentemente al percatarse de las pruebas irrefutables del órgano persecutor, lo que los motivó a llegar a acuerdos.
El director del PEPCA dijo que fue asombrosa la manera en que los imputados detallaban como operaba el entramado de corrupción, que incluso, ellos de informaban al tribunal que se comportaba como una mafia.
“Y esto unido a las pruebas que ha presentado el Ministerio Público deben dar al traste que las conclusiones que hemos hecho al tribunal deben ser acogidas y dictarse la medida de coerción que hemos pedido”, dijo Camacho a su salida del tribunal donde se le conoce coerción a los encartados en Calamar.
Dijo que para los 10 que han hablado, el Ministerio Público a partir de esas declaraciones pedirá arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas.
Wilson Camacho aseguró que estas personas deberán devolver dinero ilícito recibido ilegalmente, que siempre ha sido el fin del Ministerio Público.
El entramado de corrupción desmontado distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
