El destituido juez Juan Francisco Rodríguez Consoró manifestó que el Consejo del Poder Judicial lo destituyó mediante una resolución basada en injurias y calumnias, así como en completa violación a todos sus derechos fundamentales y con aplicación retroactiva de normas, algunas de las cuales contienen visos de inconstitucionalidad.
Dijo que la decisión del órgano judicial fue con el objetivo de satisfacer las presiones de un sector del Ministerio Público y la realidad del momento, “con su propósito de seguir alimentando el circo, conseguir views y likes, que es casi parte del diario vivir”.
“Lo primero que quiero expresar al país es que con esta comunicación no pretendemos defender al juez por su destitución, pues esa función no me define ni como persona ni como profesional, quienes me conocen y han seguido mi trayectoria a lo interno del Poder Judicial, saben que mi formación personal no me permiten ser parte de actos contrario a la ley, la ética y la moral”, aseveró.
Aseguró que está consciente que se trata de una decisión que es recurrible y revocable, pues, no tiene autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, la cual va apelar.
Precisó que la comunicación tiene como propósito responder el juicio mediático que se ha hecho a un proceso disciplinario, pues, defender su honor y buen nombre y el de su familia, a la cual me debo con todo mi ser, es un derecho.
Indicó que no está opuesto a ser investigado penalmente, pues no tengo nada que esconder ni que temer: “A lo que estoy completamente opuesto, es a que cualquier persona sin importar raza, color e ideología, sea procesada fuera de todas las garantías constitucionales, y que se le condene sin pruebas, simplemente por el rumor que ellos mismos han creado, lo que ha generado este juicio mediático”.
Advirtió a la comunidad jurídica nacional a estar atenta a los verdaderos propósitos que se persiguen con su destitución y publicidad morbosa de la misma, “pues, no es más que destruir las garantías de derecho y el debido proceso de los ciudadanos y con esto la libertad decisional e independencia de los jueces dominicanos”.
Apuntó que con la medida se busca amedrentar y adoctrinar a todos los juzgadores instaurando así una dictadura judicial al servicio de un sector del Ministerio Público, a los fines de desnaturalizar el fin último de la justicia y la aplicación de la norma, así como la finalidad del proceso penal.
Sobre “su persecución”
El juez Juan Francisco Consoró indicó que su persecución inició el 7 de junio del año 2022, exactamente un día después de haber dictado el Auto de No Ha Lugar, del denominado caso de Los Tres Brazos, a consecuencia de no haber favorecido la petición del Ministerio Público.
Indicó que la inspectoría señaló , en ese momento , que sus supuestas faltas fueron las siguiente: a) supuestas irregularidades en el conocimiento de una medida en el año 2019, fundamentados en unas grabaciones que el mismo Ministerio Público le suministra a la Inspectoría del Poder Judicial; b) particularidades propias del proceso Los Tres brazos; c) d ilaciones en la entrega de resoluciones relativas a libertad de imputados; d) declaraciones públicas que afectan la imagen del Poder Judicial; e) incremento patrimonial incompatible con el nivel de ingreso; f) obtener préstamos no participados a los órganos correspondiente.
“Es bueno que el país sepa que en mi función de juez de la instrucción, denominado por la norma como juez de las garantías legales y constitucionales en favor de todos los ciudadanos, fui apoderado en el año 2019 para conocer una medida de coerción en contra de un ciudadano acusado de haber movido cierta cantidad de drogas desde la cárcel a través de un celular”, precisó.
Dijo que el Ministerio Público manifiesta haber comprobado por escucha o captación de las conversaciones telefónicas que esté privado de libertad sostenía desde la cárcel.
“Para que el país entienda el porqué de la decisión y pueda juzgar por sí mismo, de quién ha sido la falta y a quienes corresponden los actos de corrupción”, sostuvo.
Señaló: “Primer punto, ¿Por qué un individuo cumpliendo una condena tiene un celular en la cárcel?, evidentemente que no lo compró en una tienda, sino que tiene un celular en la cárcel porque la autoridad que lo tiene bajo su custodia se lo proporciona, pues esto constituye uno de los negocios más lucrativos para algunos miembros del sistema”.
Recordó que esta corrupción en los centros penitenciarios fue denunciada por el anterior director general de Prisiones.
Añadió: “segundo punto, ¿Qué autoridad dirige las cárceles, que permite a los internos tener un celular dentro de la misma? pues, esa autoridad es el Ministerio Público, ya que conforme la ley, la Dirección General de Prisiones, se encuentra bajo su dependencia directa, por lo que, custodios y todo el personal penitenciario se encuentran bajo la dirección del Ministerio Público. Siendo así, se supone que quien debió ser sometido al rigor de la ley, debieron ser esas autoridades.
Puntualizó: “¿Tenía el Ministerio Público conocimiento de que el imputado del caso por el cual me persiguen, tenía en posesión un teléfono celular dentro de la cárcel? sí, era de su conocimiento pleno, porque le escuchaba las conversaciones telefónicas, pues, justamente en virtud de las captaciones de esas conversaciones es que el Ministerio Público, lo acusa y lo presenta ante nosotros en calidad de juez de las garantías”.
Manifestó que el Ministerio Público pretendiendo que le pusiera en ese caso la medida de prisión preventiva, es decir, que en vez de requisar la cerda y quitarle el teléfono celular al privado de libertad condenado y someter a los responsables ante la justicia, lo que hace es escucharlo, captar sus conversaciones, quedando así evidenciado que si ese individuo portaba un aparato en la cárcel, es porque así lo permitía las autoridades, en su calidad de regente y gestor del sistema penitenciario.
Sobre resolución Consejo del Poder Judicial
Juan Francisco Rodríguez Consoró manifestó que otro aspecto que debe quedar claro es que la resolución que ordena su destitución no solo es nula e inconstitucional por haber violado todos sus derechos, en especial el derecho de defensa y su presunción de inocencia, entre otros.
Aseguró que la decisión es el resultado de la aplicación de una presunción de culpabilidad, pues, esa disposición es una narrativa de hechos vacíos, sin pruebas y sin establecimiento de circunstancias, al indicar que se le acusan de haber favorecido a ese ciudadano a cambio de alguna dádiva o recompensa, lo cual es completamente falso.
“Queda evidenciado en la propia resolución, pues la misma, no expresa en cuáles circunstancias de tiempo en cómo, cuándo, quién, dónde y de qué forma se ejecutó la supuesta falta que se me imputan y por la cual estoy siendo destituido…se trata de una apreciación y especulación sin fundamento”, apuntó.
Asimismo, Rodríguez Consoró expuso que otra de las justificaciones de su destitución, es el hecho de haber tomado prestado RD$300 mil a la secretaria del tribunal, sin haberlo notificado a la institución.
“Ciertamente, tome un préstamo a mi secretaria, la cual según la propia resolución y la condición económica que tiene gracias al padre de sus hijos, se dedicaba a prestar como otra fuente de ingreso”, explicó.
El magistrado reveló que tomó el citado préstamo para poner al día la hipoteca de su apartamento y el colegio de sus hijos, pues, durante la pandemia en febrero del año 2020 falleció su hermano mayor y en noviembre del mismo año falleció su padre
“Lo cual, además del profundo dolor que todavía pesa en mi ser por esas pérdidas, implicó gastos económicos en tiempos de pandemia, donde mis hermanos se encontraban desprovistos de recursos para afrontar esta inminente realidad”, indicó.
Señaló que el país se encontraba cerrado y en difícil circunstancia, por lo que se vio en la necesidad de tomar el dinero de sus compromisos personales para poder darle cristiana sepultura a sus familiares, a consecuencia de estos acontecimientos, al tiempo de indicar que no solo faltó a los pagos de la hipoteca, también al pago del colegio de sus hijos.
No obstante, aseguró que el dinero tomado prestado fue saldado posteriormente con bonos que otorgó el propio Poder Judicial a raíz de la situación económica generada por la pandemia
“Establece el Consejo del Poder Judicial que esto constituye una falta, sin embargo, la misma no implica la destitución, además de que este préstamo iba a ser debidamente reportado en mi próxima declaración jurada de bienes, la cual tiene lugar cada tres años”, puntualizó
Expresó que si tomar un préstamo para cumplir con sus compromisos, en vez de prestarse a situaciones inmorales y anti ética es una causa de destitución, que juzgue la sociedad y el lector los valores que cimienta la justicia y el debido proceso aplicado a los jueces dominicanos.
El profesional del derecho declaró que esta persecución hacia su persona es porque nunca se ha aliado con el Ministerio Público ni con ningún otro ente, ya sea interno o externo a la institución, para hacer actos contrarios a la norma en perjuicio de los ciudadanos: “He aplicado la norma sin importar quién esté sentado en el banquillo de los acusados, porque los derechos y prerrogativas que otorga la Constitución y la ley no son para garantía de algunos, sino para garantía de todos”.
En ese orden, indicó que sabe lo que se persigue con la mediatización y la generación del morbo público, no es más que allanar el camino para el próximo paso en su misión, no solo para desacreditarlo, y con esto a todos los jueces que conforman el tren judicial.
Exteriorizó que la medida es parte del adoctrinamiento de jueces que desde hace años ha querido instaurar en el sistema de Justicia.
“Yo constituyó la amenaza latente de lo que le puede pasar a cualquier juez o jueza que no se ciña a los deseos y complacencias judiciales esperado por el todopoderoso Ministerio Público”, dijo el magistrado Rodríguez Consoró.
Aseveró que frente a esta realidad ningún ciudadano estará seguro y gozará de garantías en República Dominicana, “si para ser juez, se debe renunciar a los amigos y abandonar la familia, así como negar nuestra condición de solidario y ser humano, creo que debemos evaluarnos”.
Aclaró que no ha beneficiado a ningún narcotraficante, no ha cometido ningún acto contrario a la ley ni a la ética: “Lo único que he hecho es lo que me manda a hacer la Constitución y la ley, que es garantizar a todo ciudadano un trato igualitario ante la justicia”.
Calificó de muy lamentable que el Consejo del Poder Judicial se preste a las presiones y lineamiento de un sector del Ministerio Público, el cual se encuentra arraigado a viejas e inescrupulosas prácticas, que, a su juicio, solo se prestan para el chantaje y no para la misión de la justicia, que es hacer justicia.
Lamentó que ese importante órgano judicial con el curso del tiempo no se haya podido reinventar y entregar al país un servicio de calidad como el que se espera y está llamado a entregar.
Dijo que el Ministerio Publicó en vez de gastar el tiempo y el dinero del pueblo en mediatizar, lo debería usar investigando mejor sus estrategias y estructurando mejores teorías de casos.
Advirtió que el país debe estar atento, pues, sí admitir que el debido proceso de ley no se aplique y que las garantías constitucionales no sean observadas, estará justo en el colapso de la democracia que tanto fuego y sangre ha adquirido.
” Nuestra procuradora general de la República, Miriam Germán conoce perfectamente de estas violatorias e ilegales prácticas, así como el proceder avasallante de algunos miembros del órgano que preside “, sostuvo.
Puntualizó que cuando la magistrada aún era jueza de la Suprema Corte de Justicia, fue víctima de captaciones ilegales de sus propias conversaciones y las de otras personas que en nada tenían que ver con ella, imputando y haciendo público ciertos hechos vergonzosos que eran ajenos a su conocimiento y a la verdad.
Indicó que con el único propósito era mancillar su honor y su buen nombre, al igual que en su caso: ” La actual procuradora fue juzgada ante un consejo, lo cual trajo como consecuencia su no elección a continuar como jueza de la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, el tiempo desveló la realidad ocurrida, más allá del morbo generado en el momento”.
Finalmente, Juan Francisco Consoró expuso que la propia procuradora general de la República, conoce más las reglas del debido proceso, y la necesidad de que el juzgador no se aparte de ellas, sabe, además, que el uso de esas prácticas fue ilegal ayer y lo sigue siendo hoy y lo será siempre.
