Estados Unidos.- A finales de 1995, un número de presos sin precedentes, más de 3.000, estaba condenado a muerte en 34 estados de los Estados Unidos y en aplicación de la legislación federal militar y común estadounidense. Cincuenta y seis presos fueron ejecutados, lo que supone la cifra más elevada desde que los estados de la Unión decidieron emprender la revisión de la legislación relativa a la pena de muerte a mediados de los años setenta.
Esto eleva a 313 el número total de presos ejecutados en los Estados Unidos desde 1977. Nueva York fue el trigésimo octavo estado en restaurar la pena capital en marzo de 1995. Los estados de Pensilvania y Montana realizaron sus primeras ejecuciones desde que se restauró la pena de muerte en 1977.
Los dos presos ejecutados en Pensilvania habían renunciado a su derecho a recurrir las condenas y habían pedido su ejecución. Pensilvania aún tiene que realizar una ejecución no consensuada.
Texas fue responsable de más de un tercio de las ejecuciones realizadas en 1995 (19). Se realizaron otras ejecuciones en Missouri (6), Illinois y Virginia (5 en cada estado), Florida y Oklahoma (3), Alabama, Arkansas, Georgia y Carolina del Norte (2 en cada estado) y Arizona, Delaware, Louisiana y Carolina del Sur (1 en cada estado). No hubo ningún indulto en 1995.
La discriminación racial en la aplicación de la pena de muerte sigue siendo una gran preocupación: de los 56 presos ejecutados en 1995, 39 (69%) habían sido condenados por el asesinato de un blanco y 26 (46%) pertenecían a minorías étnicas. A finales de 1995 había al menos 44 delincuentes juveniles condenados a muerte en 13 estados y todos habían sido declarados culpables de asesinatos cometidos cuando tenían 16 o 17 años de edad.
Esto supone un incremento de 7 condenados en comparación con el año anterior, a pesar de lo cual no se ejecutó a ningún menor en 1995. Varios de los presos ejecutados sufrían enfermedades mentales o eran deficientes mentales. Con frecuencia, los abogados defensores no expusieron en los juicios la información sobre los trastornos mentales de los acusados, de forma que el jurado responsable de imponer la pena de muerte desconocía estas circunstancias.
En el caso de Anthony Joe LaRette, ejecutado en noviembre de 1995 en Missouri, el jurado desconocía su largo historial de tratamientos por problemas mentales y que le habían diagnosticado una epilepsia lobular temporal. El examen psiquiátrico solicitado por la defensa no llegó a revelar el historial médico de LaRette y concluyó que éste no sufría ninguna enfermedad mental. Siete presos fueron ejecutados tras renunciar a su derecho de apelación, permitiendo al Estado llevar a cabo sus ejecuciones.
De éstos, al menos tres eran enfermos o deficientes mentales. Amnistía Internacional sigue preocupada por la mala calidad de la asistencia letrada que se proporciona durante el juicio a los acusados de delitos punibles con la muerte. Hay indicios de que muchos de los presos ejecutados en 1995 tuvieron una representación legal inadecuada durante sus juicios, y de que los abogados designados por los tribunales, por ejemplo, no presentaron pruebas esenciales para demostrar las circunstancias atenuantes en el juicio de determinación de la pena.
En el caso de Calvin Burdine, el abogado defensor se durmió en varias ocasiones durante el juicio. La Corte de Apelaciones de lo Penal de Texas denegó el recurso de apelación que se fundamentaba en pruebas de que el abogado defensor se había dormido durante el juicio y resolvió la apelación argumentando que no se había demostrado que este hecho hubiese influido en el resultado del juicio.
No obstante, un tribunal superior suspendió la ejecución de Burdine para permitir que se celebrasen nuevas vistas del caso. El Congreso de los EE. UU. aprobó dos proyectos de ley destinados a acortar los plazos del proceso de apelación de los condenados a la pena capital y suprimió los fondos destinados a las Organizaciones para la Defensa de los Condenados a la Pena de Muerte, cuando precisamente los abogados de estas organizaciones eran los que habían representado a casi la mitad de los condenados a muerte.
En otra propuesta legislativa separada, el Congreso intentó imponer un plazo para la interposición de los recursos de hábeas corpus para los presos condenados a la pena de muerte. Actualmente, los distintos recursos de apelación a disposición de los presos condenados a la pena capital se pueden prolongar durante periodos de hasta 20 años. Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte, ya que la considera una forma extrema de castigo cruel, inhumano y degradante y una violación del derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los EE. UU. siguen desafiando la tendencia internacional de abandonar la aplicación de la pena de muerte. En 1995, Sudáfrica abolió la pena capital para los delitos comunes, e Isla Mauricio y España lo hicieron para todos los delitos.
