Guatemala.- Una comisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló este martes que la detención de la ex fiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra es “arbitraria” y pidió al Gobierno local “ponerla en libertad”.
De acuerdo con un análisis del Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, los órganos de justicia de Guatemala “no han justificado” que sea necesario mantener en prisión a Laparra, tras 15 meses desde su detención.
Según esta comisión, Laparra está detenida “por ejercer sus derechos y libertades fundamentales”.
El pasado 16 de diciembre, en un polémico y acelerado juicio que duró 18 días, la abogada guatemalteca fue condenada por un supuesto “abuso de poder”, después de haber denunciado al ex juez Lesther Castellanos por revelar información confidencial de un caso que estaba a su cargo en 2018.
Aunque Laparra fue condenada a cuatro años de prisión conmutables, sigue en la cárcel debido a un segundo proceso penal en su contra.
La ex fiscal fue jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en la provincia de Quetzaltenango, al noroeste del país, donde investigó redes corrupción a gran escala.
Amnistía Internacional señaló en un comunicado que “las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos que se siguen dando en los dos procesos que enfrenta (la exfiscal) siguen confirmando la intención de castigarla por su trabajo como fiscal anticorrupción”.
Virginia Laparra fue detenida en febrero de 2022 por acusaciones
De acuerdo con las abogadas de Laparra, la exfiscal ha sufrido un grave deterioro a su salud durante los 15 meses que ha pasado en prisión y la comisión de Naciones Unidas exigió al Estado de Guatemala “su liberación”, así como “medidas de reparación digna”.
El ente de Naciones Unidas concluye que el Estado de Guatemala debe investigar las circunstancias en las que Laparra fue encarcelada e iniciar un proceso contra los responsables.
Entre 2018 y 2022, al menos 24 jueces y fiscales guatemaltecos se exiliaron en Estados Unidos al denunciar una persecución penal en su contra por haber investigado o juzgado a personajes vinculados a la corrupción, especialmente ex funcionarios, presidentes y empresarios de alto perfil.
Los procesos, la mayoría por presunto abuso de autoridad, son impulsados por el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, incluida por Washington en 2021 y 2022 en una lista de personas implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia en Centroamérica.
