El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la asociación sin fines de lucro Automóvil Club de República Dominicana (ACD), firmaron un “Acuerdo de Colaboración” que se parece más a negocio redondo.
Este pacto ya cuenta con una medida cautelar emitida el pasado 27 de junio por la Dirección General de Contrataciones Públicas para la suspensión de este acuerdo.
En el acuerdo entre el Intrant y ACD firmado el pasado mes de enero, la Asociación sin fines de lucro se responsabilizó de la impresión y distribución en el país de los cuatro nuevos manuales de conducción y seguridad vial que fueron puestos a circular el pasado mes de mayo y que son necesarios para la adquisición, renovación o cambio de categoría de la licencia de conducir.
A cambio, Automóvil Club recibiría por “por concepto de contribución a sus gastos de impresión, distribución y tutoría de estos manuales” RD$250 de los RD$500 que cuesta cada manual y que el usuario paga a través del impuesto a este servicio.
La primera duda que salta de esta colaboración es por qué el Intrant decidió prácticamente cederle estos ingresos, sin cumplir con los procedimientos de la contratación de servicios que dispone la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, como licitaciones o comparación de precios?.
El mismo acuerdo trata justificar esta acción cuando cita que la Ley 340-06, dispone en su artículo 6, numeral 4, la excepción de procesos de compras cuando sean “bienes, servicios técnicos o científicos de educación y salud”.
Pero esto fue una excusa que el mismo Intrant desmontó cuando explicó al programa Nuria Investigación Periodística que la autoría intelectual de los materiales no estuvo a cargo de ACD, sino de la Universidad de Valencia, a quien Intrant le contrató por consultoría el 1 de agosto del 2017 y acordó mediante un convenio posterior, del 27 de diciembre del 2018, cederle a la Universidad, 125 pesos por manual vendido.
“Es un mecanismo que desconocíamos que se implementa en el país, que busca evitar implementar los principios que establece la Ley de Compras y Contrataciones para contratar un servicio como es la impresión de la guía”, dijo Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana.
Otra de las justificaciones a este acuerdo que mencionó Intrant fue también que “por la suma de 250 pesos no se encontraría a una entidad que además de ostentar el conocimiento, experiencia y voluntad en asuntos relativos a seguridad vial, le interese imprimir cuatro libros full color, con pergamino y páginas satinadas con la calidad y cantidad de páginas que tiene los referidos manuales y que además, tenga por la misma suma que distribuirlo por todo el territorio nacional”.
Pero en una consulta a Euri Andújar, exdirector de Asociación Dominicana de Industrias Gráficas y Afines y propietario de una imprenta, éste explicó que el precio que daba por el mismo libro, no pasaría de 100 pesos, siempre y cuando la tirada del manual fuera de 5,000 ejemplares. “Hay empresas nacionales que son imprenta y también pueden distribuir por un valor mínimo agregado adicional, porque son, por ejemplo, periódicos”.
La medida cautelar de la Dirección General de Contrataciones Públicas determinó que las justificaciones del Intrant a esa institución para validar este “Acuerdo de Colaboración”, no fueron lo suficientemente válidas, por lo que se dispone a investigar más a fondo la denuncia.
