Colombia y Panamá no protegen a cientos de miles de migrantes que cruzan la selva del Darién camino de Estados Unidos, y que se han vuelto cada vez más vulnerables a los robos y la violencia sexual, según un reporte publicado el miércoles por Human Rights Watch.
La organización pidió a los dos países que nombren funcionarios de alto nivel para coordinar la respuesta a la crisis humanitaria que se desarrolla en el Darién y recomendó que sus gobiernos colaboren para mejorar la seguridad y asegurar más asistencia de grupos internacionales.
“Sea cual sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién tienen derecho a condiciones mínimas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje”, aseguró Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, en un comunicado antes de la publicación del reporte.
Goebertus también pidió al gobierno panameño que reconsidere una decisión reciente de suspender la autorización de Médicos Sin Fronteras, una organización benéfica médica, para operar en su territorio.
“Restringir el trabajo de MSF es exactamente lo contrario a lo que se necesita para abordar la situación en el Tapón del Darién”, señaló Goebertus.
Las recomendaciones de HRW se publicaban mientras cifras récord de migrantes cruzan la selva del Darién en su camino a Estados Unidos.
El año pasado, más de 520.000 personas cruzaron el denso bosque sin carreteras situado entre Sudamérica y Centroamérica, según el departamento migratorio de Panamá. Es el doble que en 2022.
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En torno a la mitad de las personas que hicieron el peligroso viaje eran venezolanos que huían de la crisis política y económica de su país. Se sumaban a decenas de miles de migrantes de Ecuador y Haití, así como a unos 4.000 refugiados afganos.
El camino por la jungla puede durar de tres a cinco días, y los migrantes pagan cientos de dólares a guías y contrabandistas para que les lleven por caminos embarrados y traicioneros cruces de ríos. Docenas de personas se han ahogado.
El lado colombiano del Darién está controlado por el Clan del Golfo, un cártel del narcotráfico que cobra impuestos a los guías locales y gana hasta 125 dólares por cada migrante que cruza a Panamá, según estimaciones proporcionadas a HRW por militares colombianos y citadas en el informe previo del grupo sobre el Darién, publicado en noviembre.
En su reporte más reciente, HRW señaló que el gobierno colombiano debería asegurarse de que la fiscalía “investiga el papel del Clan el Golfo en el traslado de migrantes y solicitantes de asilo al otro lado del Tapón del Darién”. También instó a Colombia a incrementar la presencia del estado en la zona y dedicar más recursos a agencias que investigan los ataques contra los migrantes.
“Los delitos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién, incluyendo recurrentes casos de violencia sexual, normalmente no son investigados ni castigados”, dice el informe. “La rendición de cuentas por estos abusos es poco frecuente, debido a una combinación de recursos y personal limitados, la falta de una estrategia de investigación penal para estos casos y la escasa coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas”.
Médicos Sin Fronteras dijo en febrero que los casos de violencia sexual en el Darién crecían de forma “exponencial” y que en espacio de una semana había atendido a 113 migrantes con síntomas de violencia sexual en dos campamentos en el lado norte de la selva. La organización dijo en una nota de prensa que estaba “indignada por el nivel de impunidad” con el que operaban los grupos criminales que operan en la región. Poco después, el gobierno de Panamá suspendió las operaciones de MSF en el país.
En su reporte del miércoles, HRW instó a Panamá a permitir que MSF y otros grupos humanitarios operen en el país sin “restricciones inapropiadas”. También acusó al gobierno panameño de aplicar medidas que limitan el movimiento de los migrantes.
Panamá sigue una política llamada de “flujo controlado” según la cual los migrantes que cruzan el Darién pueden entrar en su territorio y son alojados brevemente en dos campamentos, donde pueden pagar para subir a autobuses que los llevan directamente a Costa Rica, el siguiente país en la ruta a Estados Unidos.
Human Rights Watch señaló en su informe que las autoridades panameñas impiden que los migrantes que no pueden pagar los pasajes abandonen los campos. La organización pidió a Panamá que modifique su estrategia de flujo controlado y establezca un plan que garantice los derechos de los migrantes que deseen quedarse en Panamá para pedir asilo, además de permitir que los que quieren continuar su viaje se desplacen libremente por el país.
Fuente: AP
