El Ministerio Público de La Vega y la Alcaldía Municipal acordaron implementar acciones para la promoción de la reinserción social de personas a las que los tribunales, mediante sentencia, les hayan impuesto servicios comunitarios durante procesos judiciales.
La iniciativa será implementada como parte de un acuerdo de colaboración interinstitucional que firmaron la fiscal titular de La Vega, magistrada Aura Luz García Martínez, y el alcalde Kelvin Antonio Cruz Cáceres, quienes se comprometieron a impulsar acciones para la creación e implementación de los programas que regularán los períodos de trabajo de utilidad pública impuestos a los procesados.
La magistrada García Martínez destacó que la iniciativa está orientada a la correcta y efectiva reinserción social de las personas con procesos judiciales por diferentes delitos, como parte de las acciones que se llevan a cabo desde la Procuraduría General de la República para combatir la actividad delictiva y garantizar mayor seguridad a la ciudadanía.
El órgano del Ministerio Público, conforme lo acordado, recibirá las decisiones del juez de Ejecución de la Pena que ordenen ejecutar sentencias o resoluciones en las cuales se haya impuesto la realización de un servicio comunitario, así como remitir mediante oficio a la persona conjuntamente con la decisión de dicho juez a la Alcaldía Municipal.
Un comunicado de prensa difundido por el Ministerio Público tras la realización del acuerdo, destaca que el proyecto busca favorecer la positiva reinserción social y crear la cultura del trabajo digno.
El convenio, firmado en la sede de la Alcaldía Municipal de La Vega, indica que se tomarán en cuenta aquellos casos en que las penas deban ser ejecutadas bajo la jurisdicción del Departamento Judicial de La Vega, previa decisión del juez de Ejecución de la Pena del mismo departamento judicial, los cuales serán desarrollados en el ámbito de competencia territorial de ambas entidades.
Detalla que en los programas participarán internos en períodos de prueba, que aun estando en libertad, la misma se encuentre condicionada a cumplir las reglas dispuestas en sentencias o resoluciones por un período determinado durante el cual el incumplimiento de las reglas podría provocar la revocación de la libertad.
Según contempla el acuerdo, la Procuraduría Fiscal y la Alcaldía Municipal de La Vega designarán un personal que estará a cargo de dar cumplimiento a las responsabilidades asumidas mediante el convenio, que además establece una distribución total del tiempo impuesto por la decisión judicial en períodos de servicio que no obstaculicen el empleo o trabajo remunerado que esté realizando el procesado.
En tanto que la Alcaldía luego de finalizada la labor comunitaria emitirá una certificación de cumplimiento en la cual el Ayuntamiento Municipal de la Ciudad de La Vega, certificará que el procesado ha cumplido con la totalidad de las horas designadas en el servicio comunitario, la fecha y el lugar en que fue realizado, así como el número de sentencia a la cual se le dio cumplimiento.
El comunicado destaca que el convenio tendrá una vigencia de cuatro años que podrán ser renovados al finalizar el período, sin perjuicio de la posibilidad de disolución en cualquier momento previo al vencimiento del plazo por la manifestación de la voluntad de una de las partes.
