El pacto que Nayib Bukele, el popular presidente salvadoreño, hizo con líderes pandilleros antes de asumir el poder por primera vez en 2019 ha vuelto a salir a la luz pública en el tribunal de Long Island, Nueva York, donde se ha celebrado la primera audiencia en el juicio contra la pandilla MS13.
El único reo presente en la corte fue Elmer Canales Rivera, un jefe pandillero conocido como “Crook” al que el gobierno de Bukele ayudó a fugarse de una cárcel salvadoreña y fue recapturado por Estados Unidos a finales del año pasado.
Las partes formalizaron, durante la audiencia realizada el 17 de abril de 2024, una petición a la jueza Joan M. Azrack para que realice un juicio expedito en el caso de Canales Rivera, quien el 8 de diciembre pasado se declaró no culpable de cuatro delitos relacionados con una conspiración para apoyar, financiar y cometer actos de terrorismo más allá de fronteras nacionales. La próxima audiencia está programada para el 9 de julio.
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Un investigador estadounidense consultado por Infobae consideró que la petición de un juicio expedito puede obedecer a que fiscales y defensores negociarán el tipo de evidencia que presentarán ante la corte, a que ambas partes tengan temor por la seguridad del imputado o a que esté en ciernes un pacto para que Canales Rivera acceda a una pena menor a cambio de información sobre otros líderes de la pandilla o sobre los funcionarios salvadoreños, incluidos los del gobierno de Bukele, con los que la MS13 hizo pactos de gobernabilidad.
Este caso arrancó en 2020, cuando el 16 de diciembre de aquel año, el gobierno de los Estados Unidos presentó ante la corte del distrito este de Nueva York, en Long Island, una acusación por delitos de terrorismo contra catorce líderes de la MS13 en El Salvador, incluido Crook, a quienes señala como los jefes máximos de la ranfla nacional, que es como en el argó pandilleril salvadoreño se conoce al grupo que ha dirigido a la pandilla desde principios de este siglo.
La Mara Salvatrucha 13 (MS13) es la pandilla más grande de Centroamérica y ha sido una de las más letales del continente americano. Nació a finales de los años 80 en California formada por inmigrantes salvadoreños primero y hondureños y guatemaltecos después y se extendió a esos países desde mediados de los 90 por las políticas de deportaciones masivas de los presidentes Bill Clinton y George W. Bush.
En El Salvador, gracias al control absoluto de extensos territorios, la MS13 logró infiltrar la política nacional desde el gobierno de Antonio “Tony” Saca a finales de 2006 y luego pactó con las administraciones que le siguieron, incluida la de Bukele. Esos pactos permitieron a la pandilla extender su control de economías criminales como la extorsión, el sicariato, el narcomenudeo y el lavado de activos mientras hacían crecer las cifras de homicidios y desapariciones forzadas.
Entre los acusados en el distrito de Nueva York están todos los líderes históricos de la pandilla, quienes ya pasan de los 40 años y terminaron de consolidar su poder en las cárceles salvadoreñas. Además de Crook son acusados Borromeo Henríquez, alias Diablito de Hollywood; Ricardo Alberto Díaz, alias Rata de Leewards; Fredy Iván Jandres Parada, alias Lucky de Park View; y Saúl Antonio Turcios, alias Trece de Teclas, entre otros.
La mayoría de los MS13 reclamados por la justicia estadounidense en el caso estaban presos en cárceles de El Salvador cumpliendo condenas por homicidios, extorsión, asociaciones ilícitas y otros delitos.
A finales de marzo de 2022, luego de que la acusación contra los pandilleros se hizo pública por orden de la corte, la jueza Azrack, del distrito este de Nueva York, pidió al gobierno de los Estados Unidos que le explicara cuál era el paradero de los catorce miembros de la MS13 imputados. La fiscalía estadounidense respondió el 4 de abril: Doce de ellos estaban en El Salvador y Washington había pedido el 4 de junio de 2021 sus extradiciones por las vías diplomáticas correspondientes, pero, advertían los fiscales, la Corte Suprema salvadoreña no había avanzado en estos procesos. Más aún: algunos de los fugitivos habían sido liberados en El Salvador a pesar de que había noticias rojas de Interpol y peticiones de extradición; el responsable de las liberaciones, según la fiscalía neoyorquina: el gobierno salvadoreño, presidido por Nayib Bukele.
“Doce de los imputados, miembros de la ranfla nacional, estaban bajo custodia de El Salvador… el gobierno (fiscalía de Estados Unidos) informa a la corte que… se ha reportado que el Gobierno de El Salvador (GOES) liberó a cuatro de los acusados (Canales Rivera –el Crook-, Hugo Armando Quinteros Minero -alias “Flaco de Francis”-, Efraín Cortez –”Tigre de Park View” y Eduardo Erazo Nolasco –”Colocho de Western”-) a pesar de que había alertas rojas de interpol activas y de que Estados Unidos ha hecho solicitudes formales de extradición, las cuales siguen pendientes”, escribieron en su respuesta a la jueza Azrack los fiscales John J. Durham y James Donelly.
A la fecha, el gobierno de El Salvador no ha hecho efectiva la extradición a Estados Unidos de ninguno de los líderes de la MS13 solicitados por el tribunal de Nueva York. Desde el 1 de mayo de 2021, cuando inició la actual legislatura, Nayib Bukele ejerce control político absoluto sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la que dependen las extradiciones, y sobre la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de investigar y acusar en nombre del Estado.
Antes de la audiencia del 17 de abril pasado en Long Island en la que estuvo presente Élmer Canales Rivera, alias Crook, las partes en el caso, incluidas la defensa del pandillero, los fiscales y la jueza, habían acordado aplicar reglas federales de evidencia para proteger pruebas sensibles, que incluyen comunicaciones electrónicas, fotografías, audios y otros materiales que el imputado ha proveído o que le fue decomisado cuando fue arrestado en Ciudad de México en noviembre de 2023. Crook llegó hasta la capital mexicana tras huir de una cárcel salvadoreña ayudado por hombres de confianza de Bukele.
Un juicio que llega hasta la casa presidencial salvadoreña
A Crook, el jefe pandillero que se presentó uniformado y esposado a la corte de Long Island el 17 de abril pasado, el gobierno de Bukele no solo lo protegió de la extradición, también le ayudó a fugarse de El Salvador.
Investigaciones del periódico salvadoreño El Faro, basadas en declaraciones y documentos proporcionados por funcionarios salvadoreños y en pláticas con pandilleros, determinaron que Carlos Marroquín, secretario del presidente Nayib Bukele, había liberado a Crook de una cárcel salvadoreña y lo había ayudado a fugarse hacia la vecina Guatemala, donde su pareja sentimental se tomó fotografías que colgó en la red Facebook entre noviembre de 2021 y enero de 2022. El Faro también publicó un audio en el que Marroquín admite haber sido él quien ayudó a la fuga de Crook.
Carlos Marroquín es director de reconstrucción de tejido social de la presidencia salvadoreña desde que Bukele asumió el poder en junio de 2019. En diciembre de 2021, luego de la fuga del Crook, el gobierno sancionó a Carlos Marroquín y a Osiris Luna, viceministro de seguridad y jefe de cárceles de Bukele, entre otras cosas por facilitar un pacto de gobernabilidad entre la presidencia salvadoreña y la MS13. Marroquín y Luna, dijo Washington en esa ocasión, habían negociado en nombre de Bukele con los líderes pandilleros, entre ellos Crook.
Buena parte de las revelaciones periodísticas sobre el pacto, hechas por El Faro y otros, están basadas en investigaciones que hizo la fiscalía salvadoreña en colaboración con agencias policiales estadounidenses como el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) y la Agencia Antidrogas (DEA) e incluso con policías locales en estados como Nueva York, Maryland, Virginia y Texas. Esos expedientes están abiertos al menos desde 2015, cuando de otra investigación sobre las finanzas de la MS13, conocida como Operación Jaque, se desprendieron pistas que llevaban hasta el entorno de Bukele, por entonces alcalde de la capital San Salvador.
Aquellos primeros indicios apuntaban a que colaboradores de Bukele, como Marroquín y Luna o Ernesto Sanabria, actual secretario de prensa de la presidencia, y Rolando Castro, ministro de trabajo, emprendieron a mediados de la década pasada contactos con la pandilla en nombre del bukelismo. Todos esos funcionarios, a excepción del presidente, han sido sancionados por Estados Unidos e incluidos en una lista de actores centroamericanos corruptos y antidemocráticos conocida como Lista Engel.
Infobae ha confirmado y contrastado durante meses los datos sobre el pacto pandillero en El Salvador
En entrevistas recientes, agentes estadounidenses y salvadoreños que participaron en aquellas pesquisas confirmaron que buena parte de la prueba presentada por los fiscales en Nueva York es la recopilada por ellos durante años en El Salvador y anexada a un expediente de investigación criminal conocido como Caso Catedral abierto por la fiscalía salvadoreña a finales de 2020, en el que también constan actos de corrupción atribuidas a algunos de los funcionarios que, en nombre del presidente Bukele, pactaron con la MS13 y el Barrio 18, la otra gran pandilla asentada en El Salvador.
La acusación a los 14 líderes de la MS13 en Nueva York es el resultado “de una investigación liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del Departamento de Justicia”, dicen los fiscales en la carta en que explican a la jueza Joan M. Arzack que los pandilleros salvadoreños han sido blindados de la extradición por la Corte Suprema de Justicia salvadoreña que controla Bukele.
Vulcano basó sus investigaciones en las que ya había hecho fiscales salvadoreños desde 2015 y que siguieron avanzando incluso cuando Bukele asumió la presidencia en 2019 pero no controlaba aún el Judicial o al Ministerio Público.
Las pesquisas sobre el pacto, que incluía beneficios carcelarios y de otra índole para los pandilleros a cambio de que redujeran los índices de criminalidad, llegaron a estar tan avanzadas que para finales de 2020 fiscales salvadoreños a cargo del caso incluso plantearon a su jefe de entonces, el fiscal general Raúl Melara, la posibilidad de arrestar a Marroquín y a Luna, los dos principales negociadores, según confirmó un agente estadounidense que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo de otra manera. Al final, por la cercanía de las elecciones legislativas y municipales del 2021 en El Salvador, las autoridades del Ministerio Público desistieron de hacer efectivos esos arrestos.
Se intentó contactar a las autoridades actuales de la fiscalía salvadoreña pero no hubo respuesta
En aquellas elecciones legislativas del 2021, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, ganó una supermayoría en el congreso, lo que permitió al presidente nombrar un fiscal y una corte suprema justicia a la medida y, con ellos, enterrar las investigaciones del pacto pandillero, proteger a los líderes de la extradición e, incluso, facilitar la fuga de al menos cuatro de ellos según los escritos de los fiscales estadounidenses.
Aunque el fiscal bukelista en El Salvador aniquiló la investigación del pacto, el grupo estadounidense Vulcano continuó con el caso y, durante meses e incluso hasta fechas tan recientes como finales de 2023, entrevistó en El Salvador y en terceros países a exfuncionarios, víctimas, policías y e investigadores salvadoreños que tienen conocimiento de primera mano sobre cómo se negoció el pacto y qué implicaciones tuvo. Con esos datos y potenciales evidencias proporcionadas por el líder pandillero Élmer Canales Rivera, el Crook, después de su arresto, es que los fiscales estadounidenses han armado el caso contra la MS13 que hoy se ventila en Long Island, Nueva York.
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El pacto de Bukele con las pandillas, sobre todo con la MS13, se fracturó en marzo de 2022, cuando tras un aparente desencuentro con el gobierno, los pandilleros asesinaron a 87 personas en un solo fin de semana. La respuesta de Bukele fue un régimen de excepción que limitó los derechos constitucionales de los salvadoreños y que ya dura más de dos años durante los que ha habido una baja sensible en los homicidios y la actividad criminal de las pandillas en las calles del país ha sido disminuida, pero, a la vez, el gobierno ha llenado las cárceles -El Salvador es el país con la mayor tasa de prisioneros en América, muy por encima incluso de los Estados Unidos- y ha sometido a miles de ciudadanos a procesos judiciales irregulares, a torturas carcelarias e incluso a morir bajo custodia del Estado.
Entre los que mejor librados han salido, aun con el régimen de excepción en pie, están los líderes históricos de la ranfla nacional de la MS13, quienes han podido salir con permisos especiales de las prisiones, siguen protegidos de la extradición o simplemente son fugitivos. Si Canales Rivera, el único pandillero que ha tenido que pisar la corte neoyorquina, corrió peor suerte fue solo porque los agentes estadounidenses de Vulcano, en colaboración con sus pares mexicanos, lo ubicaron en un barrio de la Ciudad de México y lograron llevarlo hasta Texas y de ahí a Nueva York.
Acaso sabedor de que aquello que el Crook aporte en la corte de Long Island puede ser dañino para la cuidada imagen de Nayib Bukele y sus allegados, el Estado salvadoreño, a través de agentes policiales, incluso intentó llevar de regreso al líder pandillero hasta El Salvador a través de un oscuro operativo clandestino que incluyó la posibilidad de extraerlo de México con la ayuda del Cartel Jalisco Nueva Generación según revelaron audios publicados por la prensa salvadoreña.
Al final, sin embargo, Elmer Canales Rivera, alias Crook, terminó en la corte de Long Island, Nueva York. Hoy se enfrenta a un proceso de juicio expedito en el que ya hay prueba aportada, incluidos audios, fotografías, videos y datos extraídos de las extensas investigaciones del pacto pandillero que no prosperaron en El Salvador.
