Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecusión de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusó a Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta de orquestar una asociación criminal en contra del patrimonio público de República Dominicana, en el expediente Operación Calamar.
En ese sentido, el Ministerio Público señaló que estos tres exministros de la administración de Danilo Medina (2012-2020) implementaron el Programa de Contratistas, en el cual se le pagaron alrededor de RD$21,000 millones a una serie de empresas que ejecutaban cubicaciones ficticias. También, les acusa del pago ilícito de expropiaciones y pagos ilícitos para obras que nunca se cubicaron.
Igualmente, Wilson Camacho, procurador especializado de Persecusión de la Corrupción Administrativa, acusó a Castillo, exministro de Obras Públicas; Donald Guerrero, exministro de Hacienda; y Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, de implementar el llamado “El Proyecto”, que consistía en el cobro ilegal a bancas y colmados que utilizan tragamonedas, en coordinación con el Ministerio de Hacienda que encabezada Guerrero.
“Es necesario que el juez observe como el acusado Donald Guerrero desempeñaba el rol de máximo ejecutivo del crimen, ya que ejecutaba las acciones propias de la alta gerencia de cualquier organización criminal”, expresó la PEPCA.
La PEPCA plantea que Donald Guerrero lavaba millones de dólares por medio de diversas empresas, en las que, dice el expediente, incluyó a empresarios tradicionales. En este punto, Operación Calamar señaló que el empresario José Miguel González Cuadra es investigado “por su participación activa e ilícita” en los entramados societarios de Guerrero. En su gestión de blanqueo, Donald Guerrero se aprovechó de su posición como último responsable de ejecutar las políticas de prevención del lavado de activos para llevar a cabo sus operaciones, dice el expediente.
En su calidad de candidato presidencial en 2020 del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo recibió 1,230 millones de pesos, de acuerdo con la acusación de la PEPCA, por parte de empresas de construcción y diseño que “formaron parte de una coalisión para distraer recursos del Estado”.
José Ramón Peralta, señala la PEPCA, abusó de su calidad de ministro administrativo de la Presidencia para ser fiador solidario de una actividad comercial fraudulenta, donde se pagaba siete millones de dólares por el arrendamiento de un inmueble llamado La Casita, lugar donde presuntamente operaba sus empresarias Joao Santana.
No solo Peralta, Castillo y Guerrero son acusados en Calamar. Otras 31 personas y 11 empresas son encartadas en el expediente de la PEPCA, coordinado por el procurador especial Camacho, con la participación de otros 11 fiscales.
