La Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (ALFAVIC) alertó este viernes sobre el deterioro del respeto a los derechos humanos en el país y exigió un cambio al respecto, que incluya justicia y resarcimientos para sus allegados, víctimas de las maniobras chavismo lleva perpetrando en el país desde hace décadas.
En un comunicado, la organización, que se centra principalmente en los asesinatos ocurridos durante las protestas de 2017, expresó su preocupación ante el “continuo cierre del espacio cívico” en la nación y los reiterados bloqueos que enfrenta la sociedad al intentar acceder a la Justicia, mientras que “los responsables, tanto materiales como intelectuales, ya sean civiles o militares, siguen con sus vidas sin que se les exija ningún tipo de responsabilidad y continúan actuando impunemente sin que nadie exija sus responsabilidades”.
A continuación, apuntó que no se pueden “desconocer” todas las maniobras que implican el “uso excesivo de la fuerza”, entre las que enumeró “las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la represión y los asesinatos a los venezolanos”. Todos las personas detrás de ellas “tenían planes preconcebidos del Estado para acallar a la disidencia”, sumó la Alianza.
Es por ello que los familiares pidieron a la comunidad internacional no olvidar el “gran sacrificio” de todas estas víctimas en pos de la libertad y la democracia, y exigió “una respuesta de los operadores de la administración de Justicia” y “una reparación integral”. Asimismo, insistieron en la importancia de que se consideren todos estos casos durante la firma de futuras negociaciones de paz o de “cualquier escenario de transición, justicia y garantías de derechos”.
Un documento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos constató en 2017 que de las 124 muertes de manifestantes en las revueltas, por lo menos 46 fueron producto de “la acción de miembros de la fuerza de seguridad” mientras otros 27, de “la la acción de miembros de colectivos armados”.
A ello se suman los tantos otros presos políticos que perdieron la vida a raíz de las lesiones y las torturas que sufrieron en los centros de detención. Según el último informe de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 273 personas detenidas por su ideología política.
La persecución y represión de las voces opositoras es una de las principales luchas de la sociedad venezolana desde hace años y, ahora, lo es también del principal candidato de la oposición, el ex diplomático Edmundo González Urrutia.
La última semana, el aspirante a la presidencia por la Plataforma Unitaria Democrática mantuvo un encuentro con la madre de la dirigente de Vente Venezuela, Dignora Hernández, una presa política, y aseguró que luchará por la liberación de todos los detenidos injustamente y por una reforma del sistema judicial si llega al máximo cargo Ejecutivo.
“Hemos decidido que una de las tareas fundamentales, prioritarias, del nuevo gobierno que se instaurará en Venezuela a partir del 28 de julio será la libertad de los presos políticos” así como “la recomposición de la Justicia”, sostuvo antes de destacar la valentía de estas familias, que lo dejó “conmovido”.
“Mucho ánimo, mucha fuerza espiritual, y trabajaremos juntos para que el 28 de julio se abran las puertas de la democracia que pondrá en libertad a sus familiares”, las alentó con esperanza.
