En su informe preliminar sobre las elecciones presidenciales y congresuales recién finalizadas, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Misión de Observadores Electorales (MOE), recomendó a la Junta Central Electoral (JCE) ser más firme en las exigencias de que los funcionarios públicos acaten las restricciones establecidas en la Ley de Régimen Electorales.
También pidió que las autoridades responsables de conocer, investigar y aplicar sanciones administrativas y penales, de acuerdo con sus competencias, den un trámite oportuno a las denuncias sobre posibles usos indebidos de los bienes y recursos del Estado con fines proselitistas.
El organismo internacional también recomendó consolidar y poner a disposición del público la información y estadísticas sobre denuncias recibidas, tanto en el ámbito administrativo como penal, que permitan que los diversos actores, incluida la sociedad civil organizada, pueda dar seguimiento al tratamiento que éstas reciben.
Te puede interesar leer:
OEA recomienda nombrar al fiscal electoral dos años antes de elecciones y por concurso
La Misión formuló una serie de recomendaciones a la JCE y a los actores del sistema con el objetivo de mejorar la celebración de los comicios.
Entre estas figuran extender las pruebas de carga y estrés a la funcionalidad del sistema de cómputo electoral relativa a la liberación de boletines en las juntas electorales, con el fin de evitar la ralentización observada entre la recepción central de las actas y la liberación de los boletines por parte de las juntas.
Asimismo, iniciar con la divulgación de resultados a la ciudadanía vía web al mismo tiempo que inicia el acceso de medios de comunicación y partidos políticos, con el objeto de no generar la percepción de que la publicación web de resultados está interrumpida.
También sugirió diseñar boletas electorales de diferente color para cada nivel de votación y que dicho color se corresponda con la urna en que cada papeleta debe ser depositada. En ese orden, realizar pruebas y revisiones para comprobar que el color o cantidad de tinta de las boletas o de los marcadores no genere inconvenientes a la hora de ejercer el voto.
Tras afirmar que la institucionalidad electoral del país ha salido fortalecida, y con ello la democracia dominicana, la MOE recomendó revisar la redacción de la normativa que tipifica las conductas sujetas a sanción penal, a fin de garantizar tipos penales cerrados, que describan circunstancias expresas e inequívocas.
