Por Carlos Arturo Guisarre. En el marco de una eventual discusión en pro de la aprobación de una reforma fiscal, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional deberían considerar incluir la figura del monotributo en la jurisprudencia y las prácticas tributarias, de modo que el país disminuya los niveles de informalidad dentro de la economía, que supera el 55% del mercado laboral y un 35% del producto interno bruto (PIB).
Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), propuso que el Procedimiento Simplificado de Tributación (PST) debe ser aún más simplificado, por medio de la implementación de un monotributo que imponga montos fijos de impuestos internos y los pagos a la Tesorería de la Seguridad Social.
“De cada 100 personas empleadas, en aproximado 55 están empleadas en el sector informal. Son personas que no cotizan ni impuestos y aportaciones a la seguridad social, pero tampoco están protegidas por las redes de seguridad ni pueden demostrar con trámites sencillos sus ingresos para fines de solicitar un crédito, solicitar que le fíen un electrodoméstico o algo tan simple como abrir una cuenta bancaria. Esa exclusión debe abordarla una eventual reforma fiscal”, manifestó el decano de la UASD.
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En la actualidad, solo las microempresas pueden acogerse al Procedimiento Simplificado de Tributación, cuyo requisito principal consiste en tener ingresos brutos anuales menores a los 11 millones 126 mil pesos (DOP). También, debe tener como cierre fiscal el 31 de diciembre, el propietario debe ser residente en el país, entre otros.
“La actividad económica registrada en el RNC o llevada a cabo en los hechos, no debe corresponder a la venta y construcción bienes raíces y capitales inmobiliarios; la fabricación de cigarrillos, combustible y bebidas alcohólicas; las telecomunicaciones, seguros, financieros, pensiones y mercado de valores; y la realización de actividades a través de fideicomisos o patrimonios autónomos”, indica la página web de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Habría que verificar, dice el decano de la UASD, cuáles requisitos se pueden aplicar para decenas de miles de empresarios informales integren sus actividades y sus empleados a la economía formal.
Una vez se esté discutiendo una reforma fiscal, sería necesario combinar su aprobación con el pase legislativo de una ley de responsabilidad fiscal, que comunique confianza a los sectores económico en torno a que el uso de los ingresos será utilizado para los servicios públicos y la inversión.
“Es fundamental controlar el endeudamiento. Cada peso o dólar que se tome prestado debe estar atado y supeditado a una iniciativa de inversión pública, no para gastos corrientes”, explicó Antonio Ciriaco Cruz.
Otro aspecto que debe ser estelar en el debate es la evasión fiscal, además de la elusión. Sobre la elusión, manifestó que República Dominicana debe ser parte de la coalisión de países que propugnan por un tipo impositivo básico global, con el propósito de desincentivar el recurrimiento a paraisos fiscales.
“Una eventual reforma fiscal debe aliviar la carga que existe sobre los hombros de los consumidores, disminuyendo el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) de un 18 a un 14%, debido a que se trata de un tributo muy regresivo, es decir, lo sufren más quienes menos tienen”, señaló el economista.
