Nayib Bukele ordenó el despliegue de miles de soldados y policías en Apopa, un suburbio obrero de la capital San Salvador, cinco días antes de su segunda toma de posesión como presidente de El Salvador. Luego llenó su cuenta X con fotos del despliegue y anunció, una vez más, persecución de delincuentes.
También, de forma más discreta, el ejército salvadoreño empezó a desplegar decenas de soldados por el centro de la ciudad, donde este sábado Bukele jura su segundo mandato, al que accedió tras ser reelegido con abrumadora mayoría a pesar de mandatos constitucionales que prohíben el ejercicio de dos términos presidenciales consecutivos.
En la víspera de la juramentación, programada para iniciar este sábado en el centro histórico de San Salvador, la fuerza pública arrestó, además, a tres líderes sociales que han mostrado posturas críticas, entre ellos a José Santos Melara, un veterano de guerra que ha liderado protestas multitudinarias y reclamos contra el gobierno.
Los despliegues militares fueron comunes en el primer gobierno Bukele, que hizo de la seguridad pública su principal apuesta y pilar de su popularidad.
Uno de los ejes de esa política, acaso el más importante, ha sido un régimen de excepción que limita los derechos constitucionales de asociación, libertad de movimiento y de debido proceso, el cual está vigente desde el 27 de marzo de 2022 a pesar de que la medida está contemplada en la ley como una de carácter temporal.
Bukele decretó este régimen extraordinario después de que se rompió un pacto de gobernabilidad entre su gobierno y las pandillas MS13 y Barrio 18.
Para lograr esto, entre otras cosas, Bukele y sus funcionarios protegieron de la extradición a Estados Unidos a varios líderes de la MS13 y, a algunos de ellos, les permitieron salir de la cárcel e incluso huir de El Salvador.
Los retos del segundo mandato
El mismo día en que los salvadoreños reeligieron a Bukele votaron también por nuevos diputados del congreso unicameral. Los resultados de la presidencial dieron a Bukele una cómoda victoria que nadie objetó, más allá de los señalamientos de que la candidatura misma era inconstitucional.
En las legislativas Bukele volvió a ganar supermayoría luego de reducir, a través de una reforma previa que también fue ilegal porque estuvo hecha fuera de los plazos establecidos en la ley, el número de curules en el congreso.
Esas elecciones, además, estuvieron plagadas de señalamientos de irregularidades como la prohibición a la prensa independiente de presenciar los conteos, la caída del sistema informático del Tribunal Suprema Electoral durante horas y, en algunos casos, el decomiso ilegal de urnas. Como sea, al final, el bukelismo se afianzó de nuevo en la Asamblea Legislativa.
Ya en el primer mandato, tras lograr su primera supermayoría en la legislatura 2021-2024, Bukele hizo las reformas de ley y los nombramientos clave que le han dado el control absoluto del Estado, incluidos los poderes legislativo y judicial, la fiscalía general, la corte de cuentas, el mismo tribunal electoral, entre otras instituciones.
No serán ni la oposición política ni la prensa los obstáculos que Bukele deberá enfrentar; las trabas más importantes que el presidente tiene frente a él son la economía y la salud financiera del Estado.
Uno de los datos que el gobierno no ha podido esconder es el de la pobreza. De acuerdo con un reporte del periódico La Prensa Gráfica, basado en cifras del Ministerio de Economía, la pobreza aumentó cinco puntos en el primer mandato de Bukele: de 22.8% de hogares en 2019 a 27.2% en 2023. Eso a pesar de que en esos años la economía, impulsada en parte por el rebote postpandemia, creció a un ritmo levemente mayor a las cifras anuales recientes.
El otro asunto urgente, según han destacado varias casas analistas de riesgo y el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI), es el ritmo del crecimiento de la deuda pública, que para mediados del año pasado había rozado el 85% del PIB y seguía creciendo de forma acelerada.
Para tratar de tapar sus huecos financieros, Bukele ha recurrido a recompra de su propia deuda, lo cual ha empobrecido la calificación crediticia del país a niveles pocas veces vistos antes, y, según lo confirmó la casa británica Barclay’s, recurrió a los fondos de ahorros de pensiones de los trabajadores para intentar solventar algunas obligaciones.
Bukele, en efecto, tuvo que hacer malabares durante su primer mandato para no caer en una situación de impago que hiciera peor el panorama; tuvo que recurrir a mecanismos alternos a falta de un acuerdo con el FMI que permita a El Salvador acceder a un crédito de USD 1.4 mil millones y abrir otras fuentes de créditos en la banca multilateral.
El impasse con el FMI lleva ya cerca de tres años e inició por observaciones del Fondo al crecimiento del déficit, a temas de gobernanza y a la entrada vigor del Bitcoin como moneda de circulación nacional. Bukele y sus enviados a Washington, sede del FMI, han tratado de reactivar las negociaciones, pero estas continúan en punto muerto.
El camino ilegal a la reelección y las violaciones a los derechos humanos
Nayib Bukele será el primer presidente salvadoreño que jura para un segundo periodo consecutivo desde que en 1935 lo hizo Maximiliano Hernández Martínez, un militar que había dado un golpe de Estado tres años antes y que acudió a interpretaciones antojadizas de la Constitución para pasar de largo por prohibiciones constitucionales que, ya entonces, impedían la reelección.
Bukele echó mano del manual que primero se aplicó en el martinato, como se conoció a la dictadura de Hernández Martínez, para afianzarse en el poder. El primer paso fue asegurar el control de todo el Estado.
En mayo de 2021, tras ganar supermayoría en las legislativas de ese año, Bukele destituyó de forma ilegal al fiscal general de la república y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para poner en su lugar a funcionarios afines. Los nuevos jueces del supremo reinterpretaron un artículo de la Constitución ese septiembre y abrieron, son su nueva lectura, el camino a la reelección.
A Hernández Martínez la historia lo señala como responsable de una masacre de campesinos e indígenas que dejó unos 32,000 muertos en el occidente del país en 1932. Los señalamientos a Bukele no llegan a tanto.
Cuando Bukele jure como presidente por segunda vez, en El Salvador habrá cerca de 100,000 personas presas, 80,000 de las cuales fueron encarceladas desde que inició el régimen de excepción en 2022. Son cifras dadas por Gustavo Villatoro, el ministro de seguridad pública de Bukele, a finales de mayo.
Esto hace de El Salvador el país con la mayor tasa de población encarcelada en el mundo: 605 por cada 100,000 habitantes para finales del año pasado.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han denunciado que en las cárceles de Bukele se tortura y que decenas de personas han muerto de forma violenta mientras estaban bajo custodia del Estado. De acuerdo con Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario, 241 personas han fallecido en esas circunstancias desde marzo de 2022.
