Criticar obras y políticas públicas relacionadas con la cultura siempre ha estado en el radar del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Durante la campaña, prometía extinguir el Ministerio de Cultura y revisar la Ley Rouanet, que permite captar dinero privado para proyectos culturales a cambio de beneficios fiscales. Dicho y hecho: tras ganar las elecciones, subordinó esa cartera al Ministerio de Ciudadanía y después redujo el tope de captación de la Ley Rouanet de 60 a un millón de reales (de unos 16 millones de dólares a 270.000). Siguiendo con sus planes, Bolsonaro apunta ahora a la Agencia Nacional de Cine (Ancine). La semana pasada amenazó con extinguirla si el Gobierno no lograba imponer algún “filtro” en las producciones audiovisuales brasileñas. La amenaza vino acompañada de la reducción del Consejo Superior de Cine y su transferencia del Ministerio de Ciudadanía al Gabinete de la Presidencia. Finalmente, el presidente también llegó a barajar la posibilidad de que la oficina de la Ancine se mude de Río a Brasilia.
Para entender cómo esas medidas y amenazas pueden afectar a una actividad que mueve alrededor de 25.000 millones de reales (unos 6.650 millones de dólares) al año, según estimaciones del sector, es necesario separar lo que es viable y solo depende del presidente de lo que no lo es. La Ancine y el Consejo Superior de Cine fueron creados en 2001 por Fernando Henrique Cardoso (del PSDB, Partido de la Social Democracia Brasileña). Originalmente, el consejo estaba formado por siete ministros y otros nueve representantes ajenos al Gobierno, de los que seis pertenecían a la industria audiovisual y tres a la sociedad civil. Ahora, el consejo mantiene a los siete ministros y reduce los miembros de fuera del Gobierno a tres. Con lo cual, lo que cambia es que el Gobierno pasa a ser mayoría.
Estos han sido los únicos cambios que se han producido hasta la fecha. Todo lo demás que el presidente ha anunciado solo está en el plano de las ideas. Extinguir la Ancine, como amenaza el presidente, no es tarea fácil. Para hacerlo, sería necesario crear otra Medida Provisional (un decreto) o Proyecto de Ley y, en ambos casos, tendría que pasar por el análisis y votación del Congreso. Es decir, el Gobierno no puede simplemente extinguir ningún organismo regulador, llámese Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones) o Ancine. Y, aunque consiguiera el aval parlamentario para “cerrar” la Ancine, como Bolsonaro dice, muchas de las leyes del sector audiovisual son anteriores a la creación de la agencia y seguirían existiendo.
Y esa es una de las razones por las que ni siquiera asfixiar el presupuesto del sector resultaría tan sencillo. Hoy, las fuentes de financiación del sector emanan de la Ley Rouanet, de la Ley Audiovisual y del Fondo Sectorial, de donde se estima que provengan más de la mitad de los presupuestos de las películas en la actualidad. El origen de la mayor parte del presupuesto del Fondo Sectorial viene del Condecine, que es la Contribución al Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional, aparte de los ingresos, concesiones y permisos principalmente provenientes del sector de telecomunicaciones. El Condecine, cuyo presupuesto previsto para este año es de 724 millones de reales (algo más de 192 millones de dólares), también está regulado por una ley propia. Es decir: una vez más, sería necesario el visto bueno del Parlamento para modificar esta ley. Ancine no quiso pronunciarse, a preguntas de este diario, acerca de las declaraciones del presidente.
Cambo de sede y censura
La Ancine, cuyas atribuciones son el fomento, la regulación y el control del mercado del cine y del medio audiovisual en Brasil, tiene su sede en Brasilia, su oficina central en Río de Janeiro y una oficina regional en São Paulo. Trasladar la sede a Brasilia, como propuso el presidente, implicaría los costes de traslado de los funcionarios y, en la práctica, cambiaría poca cosa.
La cineasta Laís Bodanzky, directora-presidente de SPCine y directora de largometrajes como Bicho de siete cabezas y Como nuestros padres, afirma que cuestiones como el domicilio de la oficina central son pequeñas en relación con lo que puede avecinarse. “Cambiar de domicilio no es una prioridad para un sector tan importante y que genera tantos recursos y empleos en este país”, asegura. “Todo esto es para desviar la atención de lo que es más importante: ¿qué proyecto tiene el Gobierno para el sector audiovisual?”, se pregunta. Kleber Mendonça, director de Doña Clara y Bacurau, recientemente premiado en el Festival de Cannes, se pronunció en Twitter, afirmando que Bolsonaro anunció el plan de acabar con la agencia brasileña de cine un día después de que cuatro películas fueran seleccionadas para el festival internacional de cine de Locarno. El director también recuerda que este es un año notable para el cine brasileño, que cuenta con varias películas seleccionadas en los festivales de Sundance, Rotterdam, Berlín y Cannes. Y que el anuncio del presidente es porque él “no está feliz con las películas que se están financiando”.
Por ahora, el único proyecto que el presidente ha anunciado para el sector es el de instituir lo que él denomina “filtro” en las producciones. “No puedo admitir [que se hagan] películas como Bruna Surfistinha con dinero público”, afirmó Bolsonaro la semana pasada, criticando la financiación del largometraje de 2011 de Marcus Baldini que cuenta la historia real de una adolescente de clase media que decide ser prostituta. “Si no podemos tener filtro, extinguiremos la Ancine. Lo que no puede ser es que usemos dinero público para hacer películas pornográficas”.
Pero, en realidad, las producciones audiovisuales brasileñas no tienen nada que ver con los gustos de los presidentes. “Hoy, para que se apruebe una película, se analiza el tipo de contenido y si el presupuesto está acorde con lo que el productor dice que va a hacer”, afirma Vera Zaverucha, exdirectora de la Ancine y que participó en su creación. Y ese análisis no pasa por la presidencia. Ella explica que, en la práctica, ese “filtro” de Bolsonaro no tendría vías para instituirse. “¿Cómo uno va a decir que no se puede hacer determinada película? Sería censura, no habría manera. Tendría que editar un decreto dejando explícito lo que no puede hacerse. Y él no puede hacer eso, porque la Constitución prohíbe la censura”.
