El vocero del Gobierno, Homero Figueroa, aseguró este jueves que la cantidad de asesores que tienen los distintos ministerios y direcciones generales son personas que ocupan posiciones de dirección por un tema burocrático con el Ministerio de Administración Pública (MAP) han sido nombrados como asesores.
Al ser abordado por la prensa, Figueroa garantizó que son personas que están trabajando, que están en ejercicio continúo y constante, por lo que espera que ese tema burocrático se resuelva lo antes posible.
“Ese es un dato que es una confusión porque esas personas ocupan posiciones de dirección eso es un tema burocrático con el MAP (Ministerio de Administración Pública) pero esas personas están en ejercicio continúo y constante. Son personas que están trabajando, son directores pero por asunto burocrático se le da esa denominación”, dijo Figueroa.
En días recientes salió un reportaje del medio Panorama con los nombres y los sueldos que reciben decenas de asesores del Gobierno, luego de que el MAP emitiera una resolución en la que regula el número de asesores en los órganos y entes del Poder Ejecutivo con de propósito de racionalizar y transparentar la nómina pública.
Explicó el organismo que esto se hace para mejorar el gasto y estar en coherencia con los planes y compromisos del Gobierno de “eficientizar” la gestión pública.
La resolución 184-2024 establece que las instituciones del Poder Ejecutivo solo podrán nombrar dentro de su estructura organizativa, una cantidad máxima de asesores, equivalente al número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias, subadministraciones o equivalentes que tenga la institución.
Esas medidas fueron tomadas de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley 247-12 Orgánica de la Administración Pública, la 41-08 de Función Pública y la ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público; además de la ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano.
Los altos salarios que reciben estos asesores han sido duramente criticados por varios sectores de la sociedad civil, al considerar de que estos no se justifican y, en realidad, se convierten en pagos superfluos.
