Luego de que la semana pasada, los semáforos de las principales vías del Distrito Nacional fueron apagados, resurgió en la opinión pública la empresa que opera la red semafórica del Gran Santo Domingo, Transcore Latam y la cuestionada licitación, mediante la cual fue adjudicada.
El programa de investigación N Investiga, presentó en la edición de este fin de semana, una cronología de los hechos, desde la publicación del proceso hasta el apagón de los semáforos los días 28, 29 y 30 de agosto y que impactó inicialmente 29 intersecciones críticas fueron afectadas y aumentaron hasta llegar a 55, incluyendo las avenidas Winston Churchill, Enrique Jiménez Moya, 27 de Febrero, José Núñez de Cáceres, Alma Máter, Simón Bolívar, Luperón, Abraham Lincoln, Tiradentes, Rafael Augusto Sánchez, Roberto Pastoriza y Ortega y Gasset.
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¿Cómo comenzó?
Todo inició con el proceso para la contratación del Servicio de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, publicado el 20 de febrero del 2023.
El 14 de marzo de 2023, Contrataciones Públicas envió al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) sus observaciones al procedimiento y el 28 de marzo, la institución modificó el Pliego de Condiciones y el cronograma de actividades.
Transcore LATAM SRL fue adjudicada por un monto mayor al previsto inicialmente, que era de 1,200 millones de pesos. Esta empresa Fue registrada, el 7 de julio de 2022, unos 7 meses antes de la licitación
Curiosamente, el socio mayoritario, Pedro Vinicio Padovani Báez, según su cuenta de Linkedin, también trabajó en INTRANT como analista de movilidad sostenible con un salario de 70,000 pesos, desde septiembre de 2018 hasta agosto de 2019 y como Coordinador General del Centro de Control de Tráfico desde agosto de 2019 hasta julio de 2022, en el mismo que registra la compañía. El 19 de junio, suscribió el contrato con la institución.
Habla de tres denuncias del 7 y 12 de junio y 8 de agosto de 2023 por estas empresas, Transcore LP, Sistema Integrado de Control (SICTRANSCORE LATINOAMERICA), quienes alegaban que la adjudicataria presentó un documento supuestamente firmado por el director de Transcore LP, Ricardo Echandi, donde certificó que les habían suministrado servicios satisfactorios. Sin embargo, esa comunicación nunca fue suscrita, y aclararon que SICTRANSCORE es una compañía argentina que data de 1993, representante exclusivo en el país de Transcore ITS LLC y que Transcore Latam es una empresa distinta, con la que no tienen ningún vínculo.
Se sumó otra denuncia cuando las empresas Icontrol SRL y KAPSCH Trafficcom Dominican Republic alegaron que el perfil de Transcore LATAM se estructuró con características que se asimilan a las oscuras prácticas del pasado para favorecer intereses particulares ya que fue constituido apenas 7 meses antes del proceso y aun así logró posicionarse por encima de ellos que tienen más de 30 años de experiencia.
Además tiene varios traspasos de accionistas, específicamente uno del 21 de febrero de 2023, donde el 90% de las acciones pasaron a Pedro Padovani, quien era empleado de la institución contratante.
Contrataciones Públicas recomendó al Intrant verificar los documentos de los denunciantes y formalizar una solicitud de inhabilitación. Al no obtener respuesta del INTRANT, el 23 de octubre de 2023, el órgano rector de las compras envió otra comunicación a la institución contratante, donde establecían que profundizará la investigación de las denuncias.
Cuatro días después, el 27 de octubre de 2023, Contrataciones Públicas suspendió el contrato tras encontrar graves irregularidades como que la empresa contratista alegaba tener una experiencia de 19 años en contratos similares pero su registro mercantil aportado en la oferta técnica acredita que fue constituida en el año 2022.
El entonces director del INTRANT, Hugo Beras, solicitó el 9 de noviembre de 2023 una licencia para facilitar la investigación. Tres días después, el 12 de noviembre, tras aceptar la licencia, el presidente Luis Abinader designó al coronel del Ejército Randolfo Oniel Rijo como director interino del Intrant.
El 19 de noviembre, el director de Contrataciones Públicas confirmó un vínculo entre Transcore Latam con otra cuestionada empresa DeKolor, la cual fue incluida como fiadora en un préstamo por 120 millones de pesos para el proceso. Esto permitió identificar parte de los verdaderos dueños de la empresa adjudicada.
Es importante destacar que Jochi Gómez y su empresa Dekolor fueron beneficiados con un cuestionable contrato de emisión de licencias de conducir, conforme fue denunciado por N Investiga en 2004.
En el 2012, también fue señalado de chantaje y extorsión, así como de hackear los correos de 44 personalidades.
En 2020, volvió a salir a relucir en un reportaje sobre la compra de termómetros del Ministerio de Defensa, licitación que fue suspendida.
El 27 de noviembre de 2023, Jochi Gómez, reconoció públicamente ser el dueño de la empresa ganadora de la licitación de los semáforos.
El 16 de noviembre de 2023, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) fue apoderada del informe de las irregularidades depositado por Contrataciones Públicas, entidad que el 4 de diciembre de ese mismo año inhabilitó permanentemente el registro de proveedor de la empresa, “por presentar documentación falsa o alterada”, lo que afectó la ejecución del contrato por aplicación de la Ley de Compras.
Justo un día después de que los semáforos empezaran a presentar fallas, el 28 de agosto, Jochi Gómez lanzó esta amenaza en su cuenta de X: “¡Atención! Hace 9 meses se implementó un nuevo sistema de semáforos en el Distrito Nacional. Sin embargo, Carlos Pimentel y Contrataciones Públicas denunció públicamente que estos semáforos eran pintados y con tecnología obsoleta y falsa. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿Por qué INTRANT sigue guardando silencio? Yeni Berenice, es momento de tomar acción. Contraloría, presenten la auditoría correspondiente, y que se preparen a enfrentar las consecuencias, ya sea para los que difamaron o los verdaderos responsables. El fabricante legítimo de los equipos ya está en el país exigiendo respuestas, y no dudará en retirarlos si no obtiene una respuesta satisfactoria”.
Con la publicación se refirió a una auditoría técnica y financiera que estaba en proceso de finalizar por la Contraloría General de la República y por eso su advertencia.
¿Cómo seguía en ejecución un contrato con una empresa que estaba sometida a una inspección de la Contraloría y del PEPCA y que se suponía había sido suspendido? Y más que se siga haciendo de gratis, pues apenas se le había pagado el 20 por ciento de lo contratado.
En el referido reportaje, citaron fuentes de entero crédito quienes expresaron que la razón por la que se vieron obligados a continuar con el contrato de manera irregular es porque mientras no finalizaba la auditoría financiera y técnica de la Contraloría no podían sustituir el mecanismo tecnológico que ya dominaba la empresa.
La red semafórica es mucho más que semáforos. El proyecto incluye más de 2 mil cámaras en 55 intersecciones, las principales del Distrito Nacional, por lo que se puede inferir la enorme cantidad de imágenes a la que se podía tener acceso, en un mundo donde la data personal es uno de los bienes más preciados.
Por eso aun cuando el Estado ya le había pagado el 20% del monto contratado, decidió seguir prestando el servicio de gratis, porque lo que más le interesaba era la información que obtenía.
Es importante señalar que el propietario de la empresa fue acusado de hacker en el pasado. al quedar evidenciado con este apagón de semáforos, los riesgos de la tercerización de servicios públicos, surge la preocupación de como servicios tan esenciales y que manejan tanta información de los ciudadanos son contratados a terceros sin ser una empresa certificada mundialmente que garantice seguridad, privacidad y ética y no una hecha al vapor y con cuestionable historial.
Para entender la gravedad de que esté en manos de terceros, no es hasta el jueves 29 de agosto, dos días después de iniciado el apagón, que el Intrant logró intervenir, por primera vez, de manera directa los semáforos después del contrato firmado con Transcore y logró tomar control de seis nodos de comunicación por fibra óptica que controlaba la empresa.
Estos desafíos y vulnerabilidades se evidenciaron cuando el pasado miércoles 4 de septiembre se militarizaron los semáforos, pues agentes del Ejército fueron colocados para custodiarlos.
Cabe destacar que el 8 de noviembre de 2023, tras escuchar el rechazo a un habeas corpus, el abogado de Pedro Vinicio Padovani Báez, el doctor Carlos Balcácer, mostrando un dispositivo anunció que iban a desconectar los semáforos.
