Los siete implicados en la investigación Instituto Nacional de Transporte Terrestre y la empresa Transcore Latam son investigados por cargos de proscripción de corrupción, coalición de funcionarios, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo.
La acusación del director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, contra Hugo Beras, exdirector del Intrant; Jochy Gómez, ejecutivo de Transcore Latam; además de Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas implica asociación de malhechores, desfalco y lavado de activos.
Conforme a la solicitud de arresto que hace el director de la Pepca a la jueza Fátima Scarett Veloz Suárez, cita que los implicados son investigados por la comisión de hechos sancionados en el Artículo 146, numeral 1 de la Constitución, sobre Proscripción de la corrupción:
“Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia: será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”.
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Estas personas ante citadas son objeto de una investigación por la comisión de hechos delictivos, establecido y sancionados previstos en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción) y los arts. 123 y 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado); 171 y 172 (desfalco), artículos 265 y 266 (asociación de malhechores), así como el artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano) del Código Penal dominicano.
