Por Israel Figueroa.- El Plan Social de la Presidencia mantiene, como hace dos años denunció el programa N Investiga, la práctica de poner una especie de candado a sus licitaciones, a través de la solicitud de documentación e informaciones que no contempla la ley, como son la carta de autorización del fabricante, la etiqueta del producto con el logo de la institución y la disponibilidad inmediata.
Estas exigencias se repiten en cada uno de los procesos y ha reducido considerablemente la participación de oferentes.
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En la investigación periodística se denunció que el proceso PASP-CCC-SI-2024-0007 para la adquisición de alimentos crudos, del pasado 22 de octubre, por RD$593,200,000.00, se solicitó una carta de fabricante para arroz, aceites o habichuelas.
El referido proceso fue impugnado, el 29 de octubre, por la empresa Americapital ante Contrataciones Públicas y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental señalando que “imponer una carta de autorización del fabricante, que no es usualmente entregada, resulta restrictivo y excesivo”, razón por la que el proceso fue cancelado.
Sin embargo, el 5 de noviembre se volvió a publicar la licitación por el mismo monto y con las mismas cuestionables solicitudes, las cuales también han estado en todas las licitaciones del Plan Social de esta administración y que ahora se han extendido a los Comedores Económicos, en medio de una fusión de estas instituciones anunciada el pasado 16 de septiembre.
En el proceso comedores económicos-CCC-SI-2024-0006 para la adquisición de alimentos, iniciado el pasado primero de noviembre por más de RD$181 millones, se solicitó carta de fabricante para aceite, arenque, azúcar, bacalao, habichuelas, sardinas y salami.
Otro requisito denunciado que restringe la libre competencia es el logo del Plan Social que debe figurar impreso en la etiqueta junto a la advertencia de prohibición de la venta del producto, inversión en que las empresas no pueden incurrir sin tener la seguridad de ganar debido a que en caso de perder no podrán vender los alimentos crudos. A eso se suma la exigencia de disponibilidad inmediata.
El trabajo periodístico presentó una licitación donde se exige la “entrega inmediata” de 9 mil latas de 30 libras de aceite y 8 mil cajas de sardinas en salsa de tomate.
A juicio del abogado Jorge Morillo es un contrasentido solicitar una disponibilidad inmediata cuando se trata de esos procesos, “donde los contratos incluso que se obtienen luego de culminado el proceso de licitación, se perfeccionan básicamente cuando Contraloría lo certifica”.
La carta de autorización del fabricante, etiqueta del producto con el logo de la institución y la disponibilidad inmediata que se repiten en cada uno de los procesos han diezmado la participación de oferentes.
Tomando otro ejemplo, la licitación del Plan Social número PASP-CCC-LPN-2021-0001 de alimentos crudos, en el 2021, participaron 80 oferentes. En el 2023, en otra licitación del mismo rubro apenas 17 empresas presentaron ofertas.
Un selecto grupo de beneficiarios
Esas limitaciones podrían explicar por qué los millonarios contratos del Plan Social suscritos desde el 2021 a la fecha han beneficiado a selectos grupos de empresas.
Solo en ese año, cuatro empresas ligadas a Munir Manuel Kury: Inversiones Q-Tek SRL, COMERDOM SRL, Condelca SRL y Tingley Bussiness SRL han vendido a la institución RD$437,357,097 en tres licitaciones de aceites, sardinas, pastas alimenticias, agua embotellada, café, cocoa, leche, azúcar, habichuelas y electrodomésticos y enseres del hogar como abanicos, neveras, estufas, juegos de sabanas, gaveteros, sillas plásticas, camarotes y juegos de comedores.
También en 2022, el Plan Social le compró a estas mismas empresas un total de RD$1,469,143,587; en 2023 se duplicó a RD$2,416,146,907, superando los RD$4,322, 647,592.
Un alarmante 78% de los procesos realizados por el Plan Social desde el primero de mayo de 2023 al 15 de abril de 2024 han sido adjudicados a estas mismas 4 empresas de Munir Kury, así como otras compañías como Empresas Integradas SAS y Argentra International, con el 24.71% de los procesos realizados desde el primero de mayo de 2023 al 15 de abril de 2024, por más de RD$1,400 millones.
El programa N Investiga hizo intentos de lograr la reacción de la directora del Plan Social, Yadira Henríquez, a los fines de aclarar cómo se justifica la exigencia de la carta de autorización del fabricante en alimentos, el logo de la institución en la etiqueta y disponibilidad inmediata, requisitos que, como hemos visto, curiosamente otorgan más poder a los fabricantes que a la misma institución.
“Este mecanismo sustrae de la institución el control y lo pone en manos del fabricante del producto” manifestó el abogado Jorge Morillo.
Hace aproximadamente dos años y medio, el programa N Investiga presentó un reportaje sobre graves irregularidades en licitaciones del Plan Social de la Presidencia.
Para la ocasión, se analizó varios procesos y se encontró como los requerimientos beneficiaban a empresas ligadas a una persona en particular. Desde entonces, estos beneficios han aumentado considerablemente, pues el mismo oferente continúa siendo el ganador de una amplísima mayoría de los millonarios contratos.
Sin embargo ahora, esa práctica se ha extendido a los Comedores Económicos.
