Un destacado abogado de derechos humanos ha abandonado discretamente de la Corte Penal Internacional para protestar por lo que considera un fracaso injustificado de su fiscal para acusar a miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, según ha sabido The Associated Press.
Claudio Grossman, nacido en Chile y exdecano de la facultad de Derecho de la American University en Washington y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue nombrado asesor especial del fiscal de la CPI, Karim Khan, en noviembre de 2021. En ese puesto no remunerado, asesoró a Khan sobre la deteriorada situación de los derechos humanos en Venezuela.
En un contundente correo electrónico enviado el mes pasado a Khan, Grossman dijo que sus estándares éticos ya no le permiten permanecer en silencio mientras el gobierno de Maduro continúa cometiendo abusos, expulsando a diplomáticos extranjeros y obstruyendo el trabajo de los observadores de derechos humanos de Naciones Unidas, sin que haya ninguna acción por parte de la CPI.
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“Ya no puedo justificar la elección de no tomar las medidas serias correspondientes contra los autores de las graves violaciones”, escribió Grossman en el mail en el que rechaza una oferta de la oficina de Khan en septiembre para renovar su contrato.
Una copia del correo electrónico, que no es público, fue proporcionada a la AP por una persona familiarizada con la investigación de la CPI sobre Venezuela. Una llamada telefónica de Khan pidiendo a Grossman que reconsiderara su postura también fracasó, añadió la fuente, que habló bajo condición de anonimato para discutir la investigación políticamente sensible.
“El Fiscal está extremadamente agradecido al profesor Grossman por la experiencia y el trabajo que ha prestado”, dijo la oficina del fiscal en un comunicado que no abordó los motivos dados por Grossman para cortar lazos con la institución con sede en La Haya, Holanda. Grossman rechazó hacer comentarios.
La presión sobre Khan para que acuse a funcionarios venezolanos, incluyendo al propio Maduro, coincide con las acusaciones en su contra por supuesta mala conducta con una ayudante y con la amenaza de sanciones estadounidenses por su decisión de pedir la detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
El Estatuto de Roma por el que se creó la CPI entró en vigor en 2002, con el mandato de procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero solo cuando los tribunales nacionales no inician sus propias investigaciones.
Los llamados a acelerar la única investigación de la corte en América Latina se han intensificado mientras Maduro afianza su poder, preparándose para asumir el cargo para un tercer mandato el 10 de enero tras unas elecciones empañadas por graves acusaciones de fraude y luego de la represión postelectoral. Más de 2.000 personas fueron arrestadas y 20 murieron después de los comicios.
Estados Unidos y algunos líderes izquierdistas latinoamericanos han exigido a las autoridades que presenten las actas de la votación, como hicieron en el pasado, para refutar las presentadas por los opositores, que muestran que su candidato, Edmundo González, se impuso por un margen de dos a uno.
Muchos en la oposición venezolana se han quejado de que la CPI está aplicando un doble estándar, moviéndose de forma agresiva para buscar la detención de Netanyahu y del presidente de Rusia, Vladímir Putin, por atrocidades en Gaza y Ucrania, mientras muestra una indulgencia indebida con las autoridades venezolanas que Khan ha estado investigando durante más de tres años.
“No hay justificación alguna para la inacción”, escribieron González y la líder opositora María Corina Machado en una carta reciente a Grossman y otros 18 asesores especiales de la CPI pidiendo su ayuda.
“Lo que está en juego es la vida y el bienestar de los venezolanos”, señalaron en la misiva, que fue proporcionada a la AP por la persona familiarizada con la investigación de la Corte. “Este retraso injustificable arrojará dudas legítimas sobre la integridad de un sistema de rendición de cuentas que ha sido una aspiración para todo el mundo”.
A pedido de varios gobiernos latinoamericanos, Khan abrió hace tres años una investigación sobre las fuerzas de seguridad venezolanas por encarcelar, torturar y matar a manifestantes antigubernamentales. Al mismo tiempo, prometió asistencia técnica para dar a las autoridades locales la oportunidad de actuar antes de la CPI, un tribunal de última instancia.
A principios de este mes, Khan emitió algunos de sus comentarios más duros hasta la fecha sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, advirtiendo que las repetidas promesas de las autoridades para investigar los presuntos abusos “no pueden ser una historia interminable”.
“No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas que esperaba en Venezuela”, afirmó en un discurso en la sede de la corte. “La pelota está en el campo de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin recorrido”.
El gobierno de Maduro respondió con un comunicado en el que apuntó que “lamenta profundamente que el fiscal se deje llevar por las informaciones de campañas públicas surgidas en redes sociales impulsadas por la extrema derecha, el sionismo y las potencias occidentales que pretenden aplicar el colonialismo jurídico contra Venezuela”.
Algunos críticos venezolanos han vinculado lo que consideran una dilación con un posible conflicto de intereses que afecta a la cuñada de Khan, la abogada penal internacional Venkateswari Alagendra, quien ha comparecido en representación del gobierno de Caracas en dos audiencias ante el tribunal.
Un código de conducta de la CPI pide a los fiscales que se abstengan de cualquier conflicto que pueda surgir de un “interés personal en el caso, incluyendo una relación conyugal, parental u otra relación familiar, personal o profesional estrecha con cualquiera de las partes”. Alagendra ha trabajado previamente con Khan y su esposa en la defensa de Saif Al-Islam Gaddafi, el hijo del dictador libio, ante la institución.
La oficina de Khan declinó hacer comentarios sobre esa relación. Pero en un escrito presentado este mes para pedir la desestimación de una solicitud de recusación presentada por la Fundación Arcadia, con sede en Washington, dijo que una cuñada no es una relación personal lo suficientemente cercana como para requerir la descalificación automática y que no recuerda haber discutido nunca la investigación a Venezuela con Alagendra, quien es una de los varios abogados que defienden al gobierno sudamericano.
“Ningún observador imparcial e informado concluiría que hay una posibilidad real de sesgo”, escribió Khan, agregando que sigue investigando de forma activa e independiente la situación en Venezuela.
Quienes afirman ser víctimas del gobierno de Maduro han presionado para que la corte concluya su investigación sin posicionarse acerca de si Khan debería ser recusado.
Luego de que millones de venezolanos huyeron del gobierno de Maduro, muchos a países vecinos, los gobiernos regionales también esperan avances.
“Muchos en América Latina esperan que el fiscal de la CPI tenga una respuesta más contundente”, dijo Juan Papier, director adjunto de Human Rights Watch para las Américas. “La oficina del fiscal ha pasado demasiado tiempo, hasta ahora infructuosamente, tratando de trabajar con las autoridades de Venezuela para impulsar investigaciones nacionales. La impunidad generalizada y la falta de independencia judicial en Venezuela hacen que la CPI sea el camino más viable para la justicia”.
AP
Por: Itzel Olivo
