La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó este domingo al Estado de Nicaragua a no criminalizar el trabajo de los defensores de derechos humanos en el país centroamericano y mencionó el caso de la activista María Oviedo, que será enjuiciada por obstrucción de funciones y agresión a la autoridad.
El Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), de la CIDH, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), instaron, por tanto, al Estado nicaragüense “a respetar las garantías al debido proceso en el caso de la abogada #MaríaOviedo”.
El juicio contra Oviedo, abogada de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), se ha vuelto emblemático en Nicaragua, por tratarse de una defensora de las víctimas que han dejado las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega en el marco de la crisis que vive el país desde abril de 2018.
Oviedo, cuyo juicio fue pospuesto para el próximo 29 de agosto, es acusada por obstrucción de funciones y agresión a la autoridad, ya que el 26 de julio pasado abofeteó al policía Óscar Danilo López cuando este supuestamente la trató de manera indebida.
La abogada y la CPDH sostienen que ella actuó “como mujer empoderada”, ya que el agente supuestamente violó los procedimientos al tocarla de forma no adecuada.
La Corte Suprema de Justicia aceptó la propuesta del Ministerio Público, de que la licencia sea suspendida a Oviedo, en caso de ser declarada culpable.
Oviedo forma parte del equipo de la CPDH que defiende a cientos de opositores acusados de terrorismo y otros delitos, por participar en protestas contra el presidente Ortega, quien se dice víctima de un “golpe de Estado fallido”.
Tanto la CPDH como diversos grupos opositores creen que la acusación contra Oviedo es parte de una estrategia del Gobierno para eliminar el trabajo de los defensores de los derechos humanos.
Oviedo, al igual que el resto de defensores de los derechos humanos en Nicaragua, gozan de medidas cautelares extendidas por la CIDH, para su protección, pero estas no han sido respetadas por el Gobierno de Ortega, según los opositores.
La acusación contra la defensora de los derechos humanos se da en el marco de una crisis que, según la CIDH, ha dejado 328 muertos en 16 meses. Organismos locales cuentan hasta 595 y el Gobierno reconoce 200.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes “de lesa humanidad” en medio de la crisis que estalló el 18 de abril de 2018.
