La Segunda Sala del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá este martes el recurso de apelación presentado por los imputados Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario, quienes buscan la variación de su medida de coerción en el caso de la presunta red de estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Nido. La estructura habría defraudado a cientos de personas, captando millones de pesos y dólares mediante la venta de proyectos habitacionales falsos.
Dayanara Bourbon, una de las víctimas del fraude, expresó su rechazo a la solicitud de libertad de los acusados, señalando que deben mantenerse en prisión, ya que engañaron a más de 300 familias y no deberían recibir privilegios.
El pasado viernes, el Ministerio Público inició la lectura de la acusación contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros implicados en la red delictiva. Según el expediente, Rivera Ledesma lideró la operación fraudulenta, captando más de 235 millones de pesos y 10 millones de dólares de las víctimas. Los fiscales Magalys Sánchez, Laura Vargas y Andrés Mena presentaron la acusación ante el Primer Juzgado de Instrucción, detallando las maniobras fraudulentas empleadas para atraer inversionistas.
Además de Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario, también enfrentan cargos Luis Alberto Méndez Rosario, José Ramón Castillo Peña, María del Carmen Fernández Gómez, Rafael Antonio Guzmán Peralta, Esteban de Jesús Rojas, Carolina Martínez Jiménez, Héctor Manuel Díaz Peña, Francisca Altagracia Torres, Miguel Ángel Suero Pimentel y Julio César Vargas. También están implicadas las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL, utilizadas para comercializar propiedades inexistentes y captar fondos.
Los acusados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano. Además, la investigación reveló que las empresas involucradas incumplieron sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), incurriendo en defraudación tributaria.
Las autoridades han determinado que el fraude supera los 235 millones de pesos y 10 millones de dólares, montos que el Ministerio Público busca recuperar en favor de los afectados. Como parte del proceso legal, se han incautado bienes adquiridos con fondos ilícitos, incluyendo casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada, los cuales habrían sido utilizados también para financiar el alto estilo de vida de los imputados.
