Por Raúl Germán Bautista.- Recientemente, se ha evidenciado un preocupante vacío legal que impide que las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior Administrativo (TSA) sean inmediatamente cumplidas.
Este problema se ha visto reflejado en el desdén con el que algunos miembros de instituciones castrenses y otros estamentos oficiales han ignorado decisiones judiciales que les afectan directamente.
Según explica el reconocido abogado Félix Portes: “La resistencia a acatar las sentencias se debe a que estos funcionarios creen que no son responsables de los actos cometidos bajo gestiones anteriores. Piensan que las violaciones de la ley no ocurrieron bajo su administración, y, por lo tanto, no se sienten obligados a corregir los errores cometidos por otras personas”.
Este escenario ha afectado a figuras de relevancia como el exdirector de la Policía Nacional, general Eduardo Alberto Then (puesto en retiro irregular en el 2010), el coronel Pedro Julio Goico Guerrero “Pepe Goico” (puesto en retiro en el 2004), el general Pablo de Jesús Dipré, y el mayor Wilson Torres Almonte, entre otros. A pesar de que estas decisiones judiciales son claras y vinculantes, algunos altos mandos se resisten a acatarlas.
Portes señala que la Constitución de la República obliga a todos los ciudadanos, incluyendo a los funcionarios públicos y militares, a cumplir con las leyes y las órdenes judiciales.
Sin embargo, el actual marco legal no prevé consecuencias inmediatas ni drásticas para quienes desoigan estas órdenes, lo que genera un retraso significativo en la efectividad de la justicia.
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“El problema es que, aunque existe un mecanismo de consecuencias, este es demasiado flexible y lento. No se logran hacer efectivas las sentencias en el tiempo que deberían, lo cual socava la confianza en el sistema judicial”, explica el abogado.
Con el fin de abordar esta problemática, Portes sugiere varias reformas cruciales. Entre ellas, propone establecer un plazo máximo para el cumplimiento de las órdenes judiciales, y definir claramente las consecuencias legales, civiles y penales para los funcionarios responsables del incumplimiento.
Además, aboga por que las sanciones sean aplicadas de forma inmediata en caso de no cumplir con las sentencias en el plazo estipulado.
Otra de sus propuestas es la creación de un mecanismo de supervisión que asegure el cumplimiento de las decisiones judiciales, o la facultad de una institución específica para velar por su ejecución.
También resalta la importancia de proteger los derechos de los ciudadanos afectados por el incumplimiento, sugiriendo la creación de un cuerpo legal destinado a brindar asistencia a quienes se vean vulnerados por esta situación.
Por otro lado, ya en el año 2018, al participar como panelista en el Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, el presidente del Tribunal Constitucional (TC) de ese entonces, doctor Milton Ray Guevara, señalaba que el incumplimiento de algunas sentencias constituía una de las principales preocupaciones que enfrenta la alta corte y subrayaba la necesidad de contar con los medios legales que le permitieran hacer cumplir sus resoluciones.
Cabe destacar que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos del Estado.
El TC goza de autonomía respecto a otros poderes del Estado, lo que refuerza la necesidad de que sus sentencias sean cumplidas sin dilaciones ni excepciones.
En resumen, la falta de un marco legal claro y contundente para garantizar el cumplimiento de las sentencias del TC y TSA ha dejado a los ciudadanos desprotegidos frente a la negligencia de algunas autoridades.
