El gobierno de Donald Trump está considerando invocar el “privilegio de secretos de estado” para evitar revelar información sobre los vuelos que deportan a inmigrantes venezolanos hacia El Salvador. La decisión surge en respuesta a la exigencia de un juez que solicita más detalles sobre estos traslados.
El fiscal general adjunto Todd Blanche informó en un documento judicial que hay “discusiones en curso a nivel del gabinete”, ya que el juez James Boasberg ordenó al gobierno proporcionar datos sobre los vuelos o, en su defecto, presentar una justificación oficial alegando que la divulgación afectaría la seguridad nacional.
Hasta ahora, la administración de Trump ha resistido la solicitud del juez, calificándola como un “sondeo judicial innecesario”. Sin embargo, Boasberg consideró insuficiente la respuesta del gobierno, lo que podría llevar a que los funcionarios sean declarados en desacato al tribunal.
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El gobierno ha deportado a cientos de venezolanos a El Salvador basándose en una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. Incluso después de que Boasberg emitiera una orden para suspender las deportaciones el pasado 15 de marzo, los vuelos continuaron, con las autoridades argumentando que la orden escrita no se aplicaba a aviones que ya habían despegado.
La polémica ha escalado hasta el punto de que Trump y varios aliados republicanos han pedido que Boasberg sea sometido a juicio político, alegando que su decisión interfiere con la política migratoria del país. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha rechazado esta idea, argumentando que el juicio político “no es la respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.
La disputa sigue abierta, mientras el gobierno de Trump evalúa sus próximos pasos en esta controversia sobre la deportación de migrantes venezolanos.
AP
Por: Itzel Olivo
