Estados Unidos ofrece amnistía a Nicolás Maduro: “Queremos que tenga una salida digna y que se vaya”

Un diplomático estadounidense de alto nivel dijo que Estados Unidos no imputaría ni buscaría castigar de ninguna manera a Nicolás Maduro, si él deja voluntariamente el poder y a pesar de que su país está al borde del colapso económico y en medio de un desastre humanitario.

Elliott Abrams, el enviado para Venezuela de la Casa Blanca, dijo que no había visto señales de que Maduro estuviera dispuesto a ceder su puesto. Sin embargo, su oferta de amnistía fue un mensaje para el líder venezolano después de que él y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablaron de negociaciones de alto nivel entre los dos gobiernos. Abrams aseguró que esas conversaciones no han sucedido.

“No es una persecución”, afirmó Abrams en una entrevista la tarde del martes 27 de agosto. “No estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya”.

Agregó, como en un mensaje a Maduro: “No queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder”. El Departamento del Tesoro ya ha señalado a Maduro como uno de los beneficiarios de presuntos envíos venezolanos de drogas ilegales, pero no recomendó que sea imputado.

La apelación pragmática y de un tono más suave de Abrams es un contraste con ocho meses de sanciones, aislamiento internacional y amenazas del gobierno de Trump de una posible intervención militar contra Maduro y su círculo cercano, quienesestán acusados de aferrarse al poder y de haber manipulado las elecciones del año pasado.

Los líderes de la oposición en Venezuela no le han ofrecido inmunidad a Maduro, a quien acusan de enriquecerse en un gobierno corrupto que ha dejado a muchos venezolanos sin alimentos, electricidad ni acceso a suministros médicos.

En entrevista, Abrams intentó reducir la confusión que hay en torno a los esfuerzos del gobierno de Trump para obligar a Maduro a que deje la presidencia.

La semana pasada, Trump declaró que la Casa Blanca ha estado en contacto con “niveles muy altos” del gobierno de Maduro, tras reportes de que Washington y Caracas habían sostenido conversaciones secretas.

Unas horas después, Maduro aseguró que había autorizado expresamente a sus funcionarios a tener reuniones en secreto con el gobierno estadounidense. “Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios”, dijo Maduro, quien agregó que su gobierno está “preparado siempre para dialogar”.

Abrams dijo que no es el caso.

“La noción de que estamos negociando es completamente equivocada”, dijo el diplomático. “Y la noción de que hay un patrón de contactos es equivocada. Ha habido mensajes intermitentes y creo que a la gente le parecería completamente predecible cómo es el mensaje muy ocasional desde Washington: ‘Necesitan regresar a ser un país democrático. Maduro necesita dejar el poder. No debe postularse en una elección. No retiraremos las sanciones hasta que esté fuera del gobierno'”.

Tales comentarios probablemente pretenden aplacar a líderes de la oposición venezolana, quienes han comentado en privado que las declaraciones de Trump podían descarrilar sus propias negociaciones. Una delegación encabezada por el principal negociador de la oposición, el diputado Stalin González, viajó a Washington la semana pasada para presionar a funcionarios estadounidenses del gobierno de Trump respecto a la política hacia Venezuela.

Abrams comentó que no considera que, por el momento, sea valioso hablar directamente con el gobierno de Maduro.

Dijo que los mensajes de intermediarios en Venezuela para Washington han sido “muy poco frecuentes” desde finales del invierno y que la información que contenían era dudosa: algunos habrían sido enviados con el conocimiento de Maduro; otros, probablemente no.

Todos compartían la misma línea: que Maduro seguirá resistiéndose a la campaña de presión internacional encabezada por la administración Trump.

Los mensajes que Estados Unidos le envía al gobierno chavista usualmente se dan de manera abierta en comunicados oficiales, tuits y, en algunos casos, a través de diplomáticos europeos o líderes religiosos. Más allá de reiterar las demandas de que Maduro salga de Miraflores, esos intermediarios han expresado su preocupación por la salud y condiciones de al menos cinco estadounidenses que están detenidos en Venezuela.

Cualquier contacto directo entre Washington y Maduro arriesgaría las negociaciones paralelas que representantes del gobierno y de la oposición —liderados por Juan Guaidó, a quien Estados Unidos califica como presidente legítimo— llevan a cabo en Noruega y en Barbados.

Con esas negociaciones, Maduro ha tenido cómo asegurar que busca una resolución pacífica a la crisis política y eso lo ha ayudado a evitar sanciones europeas. Las conversaciones también son la mejor oportunidad de la oposición para desbancar a Maduro tras meses de manifestaciones cuya afluencia ha decaído y de intentos para fracturar al aparato chavista, que no han tenido éxito.

Las negociaciones tuvieron impulso especialmente en julio, cuando Maduro le ofreció a la oposición sostener nuevas elecciones a cambio de que se retiraran las sanciones estadounidenses. Pero después suspendió esas conversaciones en protesta por nuevas sanciones, emitidas el 5 de agosto, que congelaron todos los bienes y propiedades del gobierno chavista en territorio estadounidense.

Esa ronda de sanciones, que tomaron por sorpresa a la oposición y a Maduro, también conllevan la amenaza de castigos económicos a cualquier empresa extranjera que tenga negocios con el gobierno venezolano.

Funcionarios cercanos a ambas partes dijeron que lo más probable es que las negociaciones sean reanudadas la próxima semana en Barbados, aunque no se ha fijado una fecha. Discutieron estos asuntos delicados con la condición de mantener su anonimato.

“Mientras más se involucre Estados Unidos en Venezuela, más problemas genera para el proceso de negociación”, dijo Temir Porras, exjefe de Gabinete de Maduro que ahora trabaja como consultor político en Caracas. “La política de Estados Unidos tiene mucha influencia sobre el futuro de Venezuela, pero no puede resolver la crisis. Solamente los venezolanos pueden resolverla”.

Abrams también dijo en la entrevista que la Casa Blanca no dará su respaldo a que haya nuevas elecciones en el país suramericano si en la boleta hay alguno de los dos hombres que se disputan el poder: Maduro o Guaidó. El diplomático estadounidense indicó que si ellos quieren postularse, primero tendrían que dejar el cargo para evitar que haya peleas sobre si se manipuló la votación.

Abrams predijo que Guaidó posiblemente pondrá fin a las negociaciones para el 1 de octubre con tal de prevenir que se extiendan si no hay resolución alguna. “Queda muy claro que todavía no ha concluido que es un caso perdido”, dijo Abrams. “Puede que llegue a ese conclusión mañana”.

La Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición, aprobó en enero una ley de amnistía con la expectativa de que convencería a militares leales al chavismo a desertar. Los líderes opositores aseguraron que esta no le permitiría ni a Maduro ni a sus asesores cercanos evadir posibles cargos criminales y que tampoco le daría cobijo a chavistas fieles acusados de abusos a los derechos humanos.

La Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, está investigando denuncias contra las fuerzas de seguridad que datan de 2014, en el primer mandato de Maduro. Estados Unidos no es un parte de la CPI.

Cualquier oferta de amnistía por parte de Estados Unidos tendría limitaciones. Un funcionario de la Casa Blanca había dicho antes a The New York Times que el gobierno de Trump no retiraría ningún cargo por narcotráfico como los que enfrentan varios políticos cercanos a Maduro y familiares suyos.

Abrams no quiso hacer comentarios a la pregunta de si Estados Unidos permitiría que Maduro tenga cualquier riqueza o bien en territorio estadounidense si llegara a dejar la presidencia o a exiliarse de Venezuela.

Diego Moya-Ocampos, analista de riesgos políticos para IHS Markit en Londres, dijo que cualquier oferta de amnistía para Maduro tendría que ser extendida a todos los funcionarios y militares de alto rango de Venezuela para que sea exitosa.

Aun así, Moya-Ocampos comentó que sería un enorme avance para poder romper el punto muerto político del país suramericano. “Cambiaría la jugada”, dijo.

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