Amnistía Internacional denunció este jueves la falta de progresos en la investigación por el asesinato de la concejala Marielle Franco, que se ha convertido en símbolo de la defensa de los derechos humanos en Brasil, cuando se cumplen 18 meses de un crimen con amplia repercusión internacional.
La organización internacional de defensa de los derechos humanos alegó que, siete meses después de que la Policía arrestara a los dos hombres que acusa de haber sido los autores materiales del homicidio, hasta ahora nada se ha avanzado en la identificación de los inductores del crimen, ocurrido el 14 de marzo de 2018.
La supuesta falta de voluntad de las autoridades para avanzar en la identificación de los autores intelectuales fue denunciada en una rueda de prensa que dirigentes de Amnistía Internacional concedieron este jueves en Río de Janeiro junto a familiares de la concejala carioca.
“Seis meses después de la detención de los acusados de matar a Marielle y a su conductor, Anderson Gomes, y de que se comprometieran a proseguir con las investigaciones, hasta ahora no han realizado ningún progreso digno de mención en la identificación de quienes ordenaron el crimen y sus motivos”, afirmó Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Brasil.
Agregó que, ante la falta de progresos, Amnistía Internacional decidió enviarle nuevas cartas al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, y al director de la Fiscalía en este estado, José Eduardo Gussem, para reiterar sus peticiones de que el caso sea resuelto y se divulguen los resultados de las indagaciones hechas por la Policía.
“En la reunión que tuvimos en marzo, el gobernador y el fiscal prometieron invertir energía y recursos para resolver los crímenes, pero no parece que se haya hecho mucho desde entonces para descubrir quién mato a Marielle y por qué, o para garantizar que todas las personas implicadas respondan ante la justicia”, dijo Werneck.
“Esto pone en entredicho el compromiso adquirido por las autoridades de actuar con rapidez”, agregó.
La directora de Amnistía agregó que la organización está comprometida con este caso emblemático y que no descansará hasta que se conozca la verdad y todos los responsables sean sancionados.
Franco, negra, lesbiana, procedente de una favela y militante del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), se había convertido en símbolo de la defensa de las minorías en Brasil, por lo que su asesinato generó conmoción en todo el país y condenas en el exterior.
Desde el asesinato de la concejala de Río de Janeiro junto a Anderson Franco, el conductor del vehículo en que regresaba a casa tras haber participado en una reunión con mujeres negras, cientos de recurrentes manifestaciones se podían sintetizar en dos preguntas comunes en las pancartas: “¿Quién mató a Marielle?” y “¿Quién mandó matarla?”.
Tan sólo la primera recibió hasta ahora respuesta, en abril pasado, casi un año después del crimen, cuando las autoridades anunciaron el arresto de dos exagentes de la Policía que ya fueron denunciados penalmente como los autores materiales del crimen.
Uno de los detenidos, el agente jubilado de la Policía Militarizada Ronnie Lessa, fue acusado de haber sido el autor de los disparos que mataron a la concejala, que se destacó por sus enérgicas protestas contra los abusos de las autoridades.
El otro, Elcio Vieira de Queiroz, quien había sido expulsado de la Policía Militarizada por sus vínculos con criminales, fue acusado de conducir el automóvil desde el que se realizó el crimen.
Sobre los inductores del crimen, la Policía ha admitido varias hipótesis, desde la participación de “milicianos”, los grupos parapoliciales que controlan numerosas favelas en Río y que eran blanco de las denuncias de Franco, hasta la de políticos de esta ciudad brasileña molestos por la popularidad de la concejala.
