La provincia británica de Irlanda del Norte dio este jueves un paso más hacia la despenalización del aborto, después de que el Tribunal Superior británico dictaminase que su ley sobre la terminación del embarazo viola los derechos humanos.
En el veredicto, la mayoría de los magistrados señaló que la legislación vigente en Irlanda del Norte es incompatible con las normas que protegen los derechos humanos en casos de anomalías fetales y delitos sexuales.
En la actualidad la ley solo permite terminar el proceso de gestación si la vida de la madre está en riesgo o si existe la posibilidad de daños permanentes y graves a su salud física o mental, de modo que supuestos como malformaciones fetales y violaciones quedan completamente excluidos.
De este modo, los profesionales que practiquen un aborto ilegal en Irlanda del Norte pueden ser juzgados y castigados hasta con cadena perpetua.
La justicia se pronunció así sobre el caso presentado por la norirlandesa Sarah Ewart, a quien se le negó la terminación de su embarazo en 2013 pese a que los médicos le comunicaron que el feto no sobreviviría ya que se estaba formando fuera del útero.
La negativa obligó a Ewart a pasar por el periplo que muchas mujeres norirlandesas en una situación similar han tenido que atravesar durante años al tener que viajar hasta Inglaterra, Escocia o Gales, donde el aborto está despenalizado, para someterse a la intervención.
Tras esta traumática experiencia, Ewart ha liderado una campaña para tratar de que se cambie la legislación y de que su caso sirva como ejemplo del trauma añadido que padecen muchas norirlandesas.
En declaraciones a los medios tras conocerse la sentencia, la demandante dijo que supone “un punto de inflexión para las mujeres” en su campaña contra “las leyes obsoletas”.
“El fallo de hoy es una reivindicación de todas aquellas mujeres que han luchado incansablemente para garantizar que nunca más tengamos que pasar por lo que yo pasé en 2013”, afirmó la joven.
Añadió que “nunca” debería haberse visto en aquella situación, que acarreó “un gran estrés emocional” a toda su familia.
El caso ha generado una gran polémica debido a la oposición de grupos antiabortistas como “Precious Life”, cuyos miembros se concentraron a las puertas de la corte para protestar contra lo que consideraron una sentencia injusta.
“Es un día muy triste porque la justicia ha negado el derecho a la vida de los niños no nacidos”, arguyó la representante de este grupo, Bernie Smyth.
La jueza Siobhan Keegan, al frente del caso, señaló que la decisión se ha basado en el hecho de que existe una legislación, que fue aprobada por el Parlamento británico en julio, para despenalizar el aborto en Irlanda del Norte si no hay un pacto para restaurar el gobierno en esa provincia antes del 21 de octubre.
La nueva norma pretende también extender a Irlanda del Norte el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, de modo que sus habitantes se equiparen en derechos a sus vecinos de Inglaterra, Escocia y Gales.
En estas provincias británicas, la ley de 1967 autoriza el aborto hasta las 24 semanas de embarazo, plazo que puede extenderse si hay riesgo para la madre.
La Asamblea autonómica norirlandesa, que es de poder compartido entre unionistas y republicanos según el Acuerdo de Viernes Santo -que puso al conflicto armado en la región-, está suspendida desde 2017, ya que los partidos no consiguen ponerse de acuerdo.
El debate sobre la despenalización del aborto genera grandes discrepancias en Irlanda del Norte, donde el ultraconservador Partido Democrático Unionista (DUP), mayoritario entre la comunidad protestante, es contrario a su liberalización.
Sin embargo, la victoria del “sí” en el referéndum que la República de Irlanda celebró en 2018 y consiguió reformar la ley que restringía el aborto ha avivado las demandas para que la región británica pueda también modificar su legislación.
El año pasado, Naciones Unidas advirtió de que el Reino Unido viola los derechos de las mujeres, al restringir el acceso al aborto en Irlanda del Norte, y recomendó el cumplimiento de las normas internacionales relativas al acceso a la salud sexual y reproductiva, lo que incluye el acceso al aborto seguro.
