Los principales líderes políticos de Perú, incluido el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, negaron haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales, como así lo ratificó el miércoles el ex director de la empresa en Perú, Jorge Barata, ante los fiscales peruanos.
Además de Kuczynski, el ex presidente Alan García y la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunciaron para defender su inocencia frente a las imputaciones que también involucran a los ex presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala y a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Barata, uno de los 77 ejecutivos de Odebrecht que, a cambio de reducir sus condenas, delataron en Brasil la forma en que operaba la compañía, habló con los fiscales peruanos como colaborador de las investigaciones de corrupción. Si el ex empresario ofrece falso testimonio, se arriesga a perder todos los beneficios de la delación premiada.
Según han explicado los ejecutivos de Odebrecht, la constructora operaba aportando a las finanzas de todas las candidaturas que consideraban con oportunidades de hacerse con la Presidencia. En el caso de la alcaldía de Lima, se trató de un referéndum revocatorio y los supuestos aportes fueron para mantener en su cargo a Villarán, con quien ya se habían avanzado proyectos de obra.
Las reacciones
El primero en salir al paso fue Kuczynski, a cuya campaña de 2011 el empresario afirmó que Odebrecht entregó 300.000 dólares por intermedio de la banquera Susana De la Puente, actual embajadora del Perú en el Reino Unido.
Según argumentó, su candidatura se realizó en alianza con otras fuerzas políticas y subrayó que él no se ocupaba de la tesorería de la campaña, pese a ser la principal figura. El mandatario será interrogado este mes por una comisión parlamentaria, por las consultorías que su empresa Westfield Capital hizo a Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro en el Gobierno del expresidente Toledo, y por las que facturó 782.000 dólares.
Más enfática fue Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien incluso consideró que la declaración de Barata la absuelve de cualquier culpa, a pesar de que su partido Fuerza Popular habría recibido más de un millón de dólares para la campaña de 2011 por parte de Odebrecht.
Según argumento la hija del ex dictador, recientemente indultado, ella nunca recibió dinero personalmente, por lo que pidió a la Fiscalía archivar la investigación en su contra. El testimonio de Barata apuntó a que los aportes fueron entregados a los ex ministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Ambos salieron del país esta semana, cuando los fiscales peruanos viajaban a Brasil, según informó La República.
La líder de Fuerza Popular está siendo investigada por presunto lavado de activos tras encontrar una anotación de Marcelo Odebrecht que decía “Aumentar Keiko a 500 e eu fazer visita” (Aumentar Keiko a 500 y le voy a hacer una visita). En su declaración, el ex titular de la empresa confirmó que se refería a un aporte de USD 500 mil dólares.
Por su parte, el ex presidente Alan García también negó donación alguna de Odebrecht para su campaña de 2006, en la que fue electo presidente, a pesar de que aparentemente Barata afirmó hoy que su empresa entregó 200.000 dólares para el entonces candidato del Partido Aprista Peruano (PAP).
“Ni mi campaña ni el Partido Aprista recibieron en el 2006 donación alguna de Odebrecht. Las cuentas fueron debida y oportunamente presentadas a la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales). Otros se venden, yo no”, espetó García.
Según los medios locales, el mismo Barata afirmó haber contribuido con 600.000 dólares en 2011 a la campaña de Toledo, con orden de captura internacional por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.
También corroboró haber entregado tres millones de dólares en 2011 por orden del Partido de los Trabajadores de Brasil a la campaña de Humala, quien al igual que su esposa, Nadine Heredia, está encarcelado por la presunta financiación irregular de sus campañas. Su actual prisión preventiva podría ser aplicada para los otros políticos acusados, o bien la justicia podría determinar su liberación para evitar una aplicación distinta de medidas judiciales por los mismos cargos.
Fuente: Infobae
