Río de Janeiro .- La decisión de la Corte Suprema de acabar con la prisión de condenados en segunda instancia, con la que pueden quedar libres miles de presos, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, supone un duro golpe para la Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en Brasil.
La Lava Jato fue conocida hace cinco años tras revelar cómo empresarios, políticos y directivos de la estatal petrolera Petrobras y otras empresas públicas desfalcaron las arcas de Brasil durante casi una década.
Su alcance traspasó incluso las fronteras de país, implicando a líderes de diversos países de Latinoamérica.
Una centena de políticos ha caído en las garras de la Lava Jato en Brasil, entre ellos, dos expresidentes: Lula da Silva (2003-2010), preso por corrupción y lavado de dinero desde abril de 2018, y Fernando Collor (1990-1992), enjuiciado tras haber sido acusado de recibir sobornos para facilitar contratos en una subsidiaria de Petrobras.
Ahora, los responsables de la Lava Jato temen que la decisión de la máxima corte del país pueda dejar impunes a varios de los acusados.
DECISIÓN DE LA CORTE ABRE PASO A LA IMPUNIDAD
Por eso el parecer de la Corte cayó como un balde agua fría para los integrantes de la Lava Jato, quienes señalaron que la decisión del Supremo debe respetarse pero expresaron su preocupación con el riesgo de que algunos de los casos queden en la impunidad por el número excesivo de recursos que permite la justicia de Brasil.
“La decisión de revertir la posibilidad de arresto en segunda instancia está en contradicción con el sentimiento de repudio a la impunidad y la lucha contra corrupción, las prioridades del país”, señalaron los fiscales de la Lava Jato en un comunicado divulgado en la noche del jueves tras conocer la decisión de la Corte.
“La existencia de cuatro instancias de juicio, propias de Brasil, asociadas con el número excesivo de apelaciones que superan el centenar en algunos casos penales, resulta en demoras y prescripción, lo que lleva a la impunidad”, agregaron.
El exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, quien coordinó los casos de la Lava Jato desde sus orígenes y que se hizo famoso a nivel mundial por poner tras las rejas a Lula, aún no se ha manifestado por la decisión del Supremo, pero en varias oportunidades ha defendido públicamente la prisión en segunda instancia.
Al igual que el equipo de la Lava Jato, el ministro ha asegurado que el sistema de recursos que permite la legislación brasileña “favorece la impunidad”.
La Corte Suprema de Justicia decidió el jueves que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional, lo que puede llevar a liberar a miles de presos, entre ellos al expresidente Lula.
La decisión, adoptada por un ajustado resultado de 6 votos frente a 5, fue la conclusión de un complejo juicio en el que el tribunal alteró finalmente una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.
Sin embargo, según se decidió el jueves, una pena de prisión solo podrá ejecutarse cuando acabe todo el proceso de apelaciones.
LIBERTAD DE LULA: EL MAYOR GOLPE PARA LA LAVA JATO
Entre los presos políticos por corrupción, conocidos popularmente como delincuentes de “cuello blanco”, y que fueron puestos tras las rejas por la Lava Jato, hay al menos 38 condenados que pueden quedar en libertad con la decisión del Supremo, entre ellos Lula da Silva.
Algunos de los hombres más cercanos de Lula también están entre los políticos condenados por la Lava Jato, como el exministro José Dirceu, quien podría verse beneficiado por la medida del Supremo.
Otros, como el expresidente de la Cámara de los Diputados Eduardo Cunha, uno de los impulsores del juicio que destituyó a la expresidenta Dilma Rousseff, y el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, cumplen prisión preventiva, por lo que inicialmente seguirían entre rejas.
Lula, el caso más célebre de los cerca de 5.000 presos brasileños que serían beneficiados, comenzó a cumplir en abril de 2018 una pena de ocho años y diez meses por corrupción tras ser condenado en segunda instancia, acusado de recibir a manera de soborno un apartamento de la constructora OAS a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con la petrolera Petrobras.
La sentencia fue confirmada luego en una tercera instancia, pero aún le resta una apelación ante la Corte, que ya presentó, pero sobre la cual el Supremo todavía no se ha pronunciado.
En este sentido, la operación que se hizo famosa internacionalmente por revelar el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil, señaló que “reconociendo que la decisión afectará los resultados de su trabajo, el grupo de trabajo expresa su compromiso de continuar buscando justicia donde actúa”. EFE
